Organizaciones de la sociedad civil independiente cubana denunciaron ante las Naciones Unidas que entre el 2013 y el 2017, tuvieron lugar 36,254 detenciones arbitrarias a disidentes y activistas de derechos humanos. El gobierno cubano, sin embargo, alega que el “bloqueo” de Estados Unidos y la base naval estadounidense en Guantánamo son los principales obstáculos para el mejoramiento de los derechos humanos en la isla.
Es un guión conocido que volverá a ejecutarse el miércoles, cuando Cuba se someta al Examen Periódico Universal de la situación de los derechos humanos en la isla, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas— consejo del que Cuba es miembro hasta el 2019, junto a países como Venezuela, China y Arabia Saudita.
Sin embargo, este año ha habido señales de que la sesión podría no ser más de lo mismo.
Cuba tendrá que responder a fuertes cuestionamientos sobre los derechos humanos, según indican preguntas enviadas por adelantado por algunos países.
“¿Permitirá Cuba el desarrollo del papel de los partidos políticos independientes, incluso para que se registren legalmente y participen en futuras elecciones?”, es una de las preguntas que realizará el representante del Reino Unido. Suiza quiere saber si el gobierno tiene alguna constancia de la participación de candidatos en las pasadas elecciones que no estuvieran vinculadas a una institución reconocida oficialmente en la isla. Bélgica quiere indagar por los presos políticos en la isla y Suecia por el derecho de los cubanos a viajar libremente.
El informe sobre Cuba elaborado por el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos y que será discutido el miércoles, también recoge una serie de críticas y recomendaciones realizadas al gobierno cubano durante los cuatro años a examinar .
El informe señala que el Comité contra la Desaparición Forzada “lamentó que Cuba no hubiera establecido una institución nacional de derechos humanos independiente acorde con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París)”.
El documento critica algunos procedimientos penales y jurídicos en Cuba; el reclutamiento de menores de edad por las Fuerzas Armadas; recomienda a Cuba garantizar la separación de poderes y expresa la preocupación de la Oficina del Alto Comisionado por “la privación de libertad de corta duración de opositores políticos, activistas de los derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil”.
Según el informe, la UNESCO alentó a Cuba a que “promoviera un entorno de los medios de comunicación más pluralista e independiente… , promulgara una ley de libertad de información de conformidad con las normas internacionales, y despenalizara la difamación”.
Asimismo, el grupo de trabajo de la Comisión insta a Cuba a firmar varios instrumentos legales internacionales que hasta ahora se ha rehusado a firmar o ratificar, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.
“Todo lo que se le señaló a Cuba en el 2013, todo eso se mantiene: el hostigamiento a los opositores, las Damas de Blanco ya no pueden marchar para ir a la misa en [la iglesia de] Santa Rita como lo hacían antes”, dijo Gabriel C. Salva, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) , en un evento celebrado en Ginebra este martes, junto a representantes de Human Rights Watch, Freedom House, y Cubadecide.
“El sistema político y jurídico cubano es intrínsicamente violatorio de los derechos humanos”, señaló Salva.
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En un gesto inusual, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU denunció en Ginebra que las autoridades cubanas han bloqueando la salida del país a al menos 14 defensores de los derechos humanos este año y que temía podían hacerlo de nuevo para impedir la participación de activistas en actividades relacionadas con el examen periódico sobre los derechos humanos.
Los documentos presentados para este examen por el gobierno cubano y organizaciones civiles cubanas vinculadas al Estado, por un lado, y por el otro, por organizaciones de la sociedad civil independiente dentro y fuera de Cuba, muestran una visión diametralmente distinta del panorama de los derechos humanos en la isla.
En su informe, Cuba destaca acciones realizadas para garantizar el derecho a la educación, la salud, la cultura y los derechos de niños, mujeres y personas de las tercera edad, así como sus programas de colaboración internacional. También asegura que promueve “los ámbitos de participación para que el pueblo ejerza todas las libertades individuales y derechos políticos”.
Pero varias organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba —entre ellas, Cubalex, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, la Unión Patriótica de Cuba y el Foro por los Derechos y Libertades—, así como otras ONG internacionales cuestionaron la versión del gobierno al denunciar que este “seguía reprimiendo la disidencia e hicieron referencia a numerosos actos de violencia, intimidación y hostigamiento cometidos por las autoridades contra defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas políticos y de la sociedad civil y sus familiares”, indica una compilación de todas las comunicaciones recibidas sobre Cuba para el examen periódico.
El gobierno ripostó y dijo en su informe que los únicos obstáculos “que impiden una mayor promoción y protección de los derechos humanos en Cuba” son el embargo estadounidense, la base naval en Guantánamo, “las campañas político-mediáticas contra Cuba, que tergiversan o mienten acerca de la realidad del país” y la existencia de una oposición interna, a la que se refiere como “agentes para la subversión y destrucción del orden constitucional cubano”, supuestamente reclutados y financiados por Estados Unidos.
Los preparativos para el examen, que se realiza cada cuatro años, demuestra el músculo diplomático que Cuba posee en el sistema de las Naciones Unidas y a nivel internacional. Cientos de “comités de solidaridad” con Cuba en otros países enviaron informes para apoyar al gobierno cubano. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, destacó que representantes de un número “récord” de 147 países se registraron para tomar la palabra durante la sesión que debe durar tres horas y medias, lo que implicaría que las intervenciones, críticas o no, “deben circunscribirse a un máximo de 50 segundos”, escribió en Twitter.
El ejercicio, sin embargo, no tiene mayores repercusiones para los países miembros, porque cada país decide qué recomendaciones acepta o no, y la evaluación futura se basa en aquellas recomendaciones que el gobierno decidió “respaldar”, según la jerga utilizada en la ONU.
En la evaluación realizada en el 2013, Cuba “tomó nota” pero no aceptó las recomendaciones realizadas por países europeos, Estados Unidos y Canadá para hacer cambios legislativos o tomar medidas concretas para garantizar las libertades fundamentales y el libre acceso a internet. En cambio, el gobierno aceptó recomendaciones provenientes de gobiernos aliados como Venezuela, Ecuador, Irán, Rusia y Corea del Norte así como de países de África, Asia y el Caribe, a los que Cuba ha brindado cooperación en áreas como la salud y la educación.
Entre las recomendaciones que Cuba aceptó, está la sugerencia de Corea del Norte de “promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los pueblos del mundo”.
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