Fuente original: este articulo periodístico fue originalmente publicado en Diario Las Américas

La muerte de la prensa ha venido ocurriendo paulatinamente y durante los últimos cuatro años pudimos escuchar sus estertores; con ella se esfumó no solo la mejor tradición del periodismo norteamericano, sino también el ideal de su función social: servir al público

Hace una década había coincidencia plena entre periodistas, investigadores y académicos en que la prensa atravesaba una crisis profunda. No solo se trataba de obsolescencia de un modelo de negocios —debido a la irrupción de internet y las nuevas tecnologías—, sino del abandono de un modo de hacer periodismo, de concebir sus principios y fines.

Como expliqué en mi artículo anterior, el Mainstream Media desdeñó su misión de informar a los ciudadanos, se banalizó y mercantilizó, violó normas profesionales y principios éticos, generó desconfianza, perdió credibilidad.

En los últimos tiempos se manifestaron fenómenos inusitados. Para empezar, nunca los medios de noticias habían recibido ataques tan fuertes y constantes por parte del presidente del país.

En su momento consideré injusta, desproporcionada y contraproducente semejante hostilidad. Atacar a la prensa, como institución, es echar abajo uno de los pilares centrales de la sociedad democrática. Desde luego, tenía presente el legado de los “muckrakers” y el periodismo de denuncia, el American New Journalism, las figuras emblemáticas como Edward R. Murrow, Walter Lippman, Walter Cronkite…

Con razón las organizaciones de periodistas y de medios (Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa) denunciaron la “retórica antiprensa” y adujeron el daño que infligía a los periodistas en los países democráticos, y, sobre todo, en sociedades autoritarias y dictaduras donde estos son más vulnerables…

Varios estudios sobre cobertura informativa publicados durante los dos últimos años me permitieron acercarme al fenómeno sobre la base de datos y análisis serios. Además, la campaña electoral de 2020 —de la que fui atento consumidor de noticias— me ofreció una oportunidad inigualable para examinarlas críticamente. Así, con una perspectiva más completa quise indagar las razones del epíteto “enemigo del pueblo” y la insistencia de Donald Trump en calificar a los Big Media como “Fake News”. ¿Cuánto de verdad o falsedad había en sus palabras?

En parte, una pista la aportó Sharyl Attkisson y su Slanted: how the News Media taught us how to love censorship and hate journalism (Sesgados: cómo los medios de comunicación nos enseñaron a amar la censura y odiar el periodismo). Attkisson, quien ha sido varias veces galardonada por su trabajo en CNN, PBS y CBS, presenta un panorama actual alarmante:

“Una nueva generación de reporteros es dominante en muchas organizaciones de noticias: el tipo que piensa que su trabajo es convencerte de que crea lo que ellos creen personalmente; el tipo que no busca historias originales, investigar o abrir su mente a puntos de vista opuestos. Son del tipo que hace girar las noticias de acuerdo con lo que quieren que pienses. Ignora hechos que contradicen su línea argumental. Obtiene esas ideas de otros reporteros, de medios cuasi-noticiosos, empresas de relaciones públicas, agentes políticos y puntos de conversación impulsados por intereses especiales”.

Vayamos a los hechos.

Desde que tomó posesión el presidente Donald J. Trump en el 2016, cerca del 95 por ciento de los medios (algunos hablan de 98 por ciento) convinieron en una especie de frente común cuyo objetivo central fue deslegitimar la presidencia.

Una investigación del Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy de la Harvard Kennedy School, de la Harvard University, en Cambridge, Massachusetts, sobre los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump concluyó, entre otros hallazgos, que este había recibido “una cobertura implacable durante la mayoría de las semanas de su presidencia, sin un solo tema importante en el que esta, en general, fuera más positiva que negativa, estableciendo un nuevo estándar en cobertura de prensa desfavorable para un presidente”.

En lo adelante, el discurso anti-Trump se tornó preponderante y compacto. En este empeño sobresalieron CNN, MNSBC, CBS, NBC, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, entre otros. Evaluando los resultados de las elecciones de noviembre del 2020, algunos analistas concluyeron que perfilaron una opinión negativa sobre el candidato republicano.

La cobertura noticiosa y opinática fue diseñada sobre varios ejes editoriales, a saber: investigaciones y procesos legales (trama rusa, Ucraniagate, impeachment), inmigración, pandemia. Fue frecuente que se catalogara al mandatario estadounidense de “fascista”, “supremacista blanco”, dictador, etc. Se exageraron sus errores, dificultades y pifias; y se ocultaron o minimizaron sus aciertos. De cualquier manera, fue un personaje omnipresente que reportó inusitados y altísimos ratings de teleaudiencia y tráfico en la web.

La trama rusa

Este es el eje más importante por su duración y sistematicidad. Durante más de 2 años los Big Media se empeñaron en demostrar que el exempresario había ganado la presidencia en el 2016 solo gracias a la ayuda de los rusos. Attkison la denomina “la madre de todas las narrativas” y la responsabiliza de lo que considera “la mayor erosión de la confianza del público hacia los medios de noticias”.

Un indudable aporte de su libro es el apéndice (Major Media Mistakes in the Era of Trump) donde aparece una selección de 131 ejemplos de titulares sesgados relacionados con acciones o declaraciones del mandatario, colaboradores o allegados. La lista puede consultarse en http://sharylattkisson.com, bajo el rubro de Special Investigations.

El FBI, comités del Congreso y también un fiscal especial alimentaron las Breaking News, reportajes, comentarios, que se mezclaron con filtraciones, rumores y fuentes anónimas. Al final, el informe del investigador especial Robert Mueller concluyó que, si bien hubo injerencia rusa durante los comicios, no pudo demostrarse que la campaña republicana u otras personas se hubiesen confabulado.

Para desconcierto de muchos, en abril del 2018 se conoció que The New York Times y The Washington Post obtuvieron el Premio Pulitzer de periodismo nacional por su cobertura de las investigaciones sobre la intromisión rusa. El jurado elogió la “cobertura implacable con fuentes profundas en interés del público”.

En abril de 2019, Diálogo Político —sitio financiado por la Fundación Konrad Adenauer, de Alemania— afirmaba que “no ha pasado una semana sin que se relataran hasta los últimos pormenores del avance la investigación, sus posibles conclusiones y los usos o consecuencias que traería consigo”. En contraste, el falso expediente ruso (Steele Dossier), pagado por la campaña presidencial de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata (DNC), que sirvió de base para impugnar a Trump, fue apenas tratado con la excepción de The Washington Post.

El Ucraniagate

Fracasado el plan de descrédito, el Mainstream modeló un nuevo eje de ataque aprovechando una filtración de inteligencia. Según esta, el Presidente había presionado a las autoridades ucranianas a mediados de 2019 para que investigaran a Joe Biden y a su hijo Hunter, a fin de comprometer al segundo, nombrado en 2014 miembro de la junta directiva de Burisma, importante empresa ucraniana de gas.

Esto sirvió para que se llenaran titulares y horas de radio y televisión. Poco tiempo después, en septiembre, se anunció la apertura de una investigación que podría haber conducido a un proceso de destitución (impeachment). Nuevamente, otra ola informaciones, filtraciones e insinuaciones formó parte del menú mediático.

En febrero el Senado absolvió al mandatario de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Curiosamente, la implicación del vicepresidente Biden en la destitución del fiscal Viktor Shokin, quien investigaba a Burisma, fue olvidada.

Inmigración

La prensa mostró al Donald Trump como el azote de los inmigrantes, responsable de la separación de padres e hijos, y de infinidad de deportaciones. En el centro, la imagen de un gobernante cruel y racista. En verdad, este promovió medidas rigurosas contra la inmigración ilegal. Por cierto, nunca se mencionó que Bill Clinton inició la militarización de la frontera y la construcción del muro en 1994 bajo la “Operación Guardián” ni que Barack Obama fue responsable de más de 5 millones de deportaciones en sus ocho años de gobierno. Y vale aclarar que la famosa fotografía de dos niñas en una jaula fue tomada en realidad en 2014; otras fotos que ilustraron noticias y opiniones también eran falsas.

La pandemia

Desde los primeros meses de 2020 el tema fue politizado hasta la saciedad; abundaron los cuestionamientos acerca de la gestión ante la pandemia. Las ruedas de prensa diarias se convirtieron en una ocasión para “cazar” contradicciones, inexactitudes y pifias.

Ningún gobernante en el mundo podría vanagloriarse de no haber incurrido en errores de gestión al enfrentar el Covid 19 (por cierto, tampoco los científicos). Ciertamente, Trump pudo alertar desde el principio sobre la peligrosidad del virus; optar por usar mascarillas en público; abstenerse de abordar temas médicos y evitarse así disparates tales como considerar la inyección de desinfectante, calor y luz. Con todo, no puede achacársele, por un lado, la responsabilidad por la alta tasa de contagios y fallecimientos; y, por otro, omitir el rotundo éxito de la Operación Warp Speed para desarrollar, producir y distribuir vacunas en tiempo récord.

La prensa cuestionó la Operación desde sus inicios, alarmó a la población acerca de fiabilidad de la vacuna y puso en duda o tildó de fantasía la meta anunciada de conseguirla antes de fin de año. En contraste, descartó reportar el pésimo manejo de la pandemia en ciertos estados gobernados por demócratas, cuyo ejemplo más patente es el de Nueva York.

Conspiración de silencio

Como complemento de la campaña anti-Trump, estructurada sobre los ejes ya descritos, se sumó el ocultamiento o minimización de los aciertos del gobierno. Los Big Media buscaron consciente y planificadamente obviarlos. Para muestra, repárese en los audios filtrados por el Proyecto Veritas que exponen la parcialidad del presidente de CNN, Jeff Zucker, y de otros ejecutivos de la cadena a favor del Partido Demócrata, de su candidato, y en contra del gobernante republicano.

Los errores de Donald Trump fueron numerosos y de ellos se ha hablado hasta el cansancio. Sus rasgos de carácter (prepotencia, jactancia y soberbia) han opacado muchas veces logros indiscutibles en el orden económico y social. Puede que algunos lectores los hayan ignorado:

• La más baja tasa de desempleo en medio siglo (antes de la pandemia) y, en particular, entre la población negra, hispana y asiática en el mismo período
• Mayor reducción de pobreza de población negra en mismo período.
• Autosuficiencia energética: EEUU, primer productor mundial de petróleo y gas natural
• Creación de 12 mil nuevas fábricas que generaron más de medio millón de puestos de trabajo
• Acuerdos comerciales más justos y recíprocos (renegociación de NAFTA y USMCA)
• Firma de nuevos tratados comerciales con la Unión Europea y Japón
• Histórica rebaja de impuestos; aumento del ingreso familiar medio en $6,500.00
• Destrucción del califato del Estado Islámico (ISIS) y acciones anti-terroristas: eliminados Al Baghdadi y Qasem Soleimani
• Reducción notable de la inmigración ilegal
• Período sin guerras; reducción de contingentes militares en el extranjero.

Tales logros fueron menoscabados, deformados o silenciados con la probable finalidad de restar crédito al candidato republicano y beneficiar a su rival.

Censura en el año electoral

El sesgo del Mainstream Media se incrementó durante el 2020. La mayoría de los estadounidenses alega que estuvo expuesta a información errónea durante el año electoral y afirmó que esta fue más frecuente que en la del 2016.

Así lo demuestra una encuesta de los primeros días de diciembre del 2020 realizada por la Empresa Gallup en asociación con la Fundación John S. y James L. Knight. Más de cuatro de cada cinco estadounidenses creen que estuvieron expuestos a “una gran cantidad” (50 por ciento) o “una cantidad considerable” (34 por ciento) de información errónea. En noviembre, una encuesta similar había arrojado que el 84 por ciento responsabilizaba a los medios de la división política en el país.

Empero, la desinformación también se llevó a cabo mediante el silenciamiento de temas que podrían haber afectado la candidatura de Joe Biden, entre ellos, el estado mental y físico del candidato demócrata, su posición sobre el colegio electoral y el Tribunal Supremo, los violentos disturbios impulsados por Black Lives Matter y Antifa en el verano y los opacos negocios de su hijo. De improviso, y para extrañeza de muchos, se esfumó la tradicional y tozuda curiosidad de los periodistas. Por razones de espacio, solo me detendré en este último.

The New York Post publicó el 14 de octubre un artículo basado en correos electrónicos presuntamente obtenidos de una computadora portátil perteneciente a Hunter Biden. Según los mensajes, este había involucrado a su padre en negocios de una empresa de energía en Ucrania. Siguieron otras piezas de seguimiento en los que se ampliaba la participación de la familia Biden en otros negocios en Rusia y China. Las implicaciones políticas y de seguridad nacional eran tan escandalosas que hacían imposible cerrar los ojos.

Empero, la ceguera fue total. Los reporteros declinaron investigar el asunto y lo despacharon calificándolo de “desinformación de Rusia”, sobre lo cual no existía evidencia alguna. Esa falsedad se instaló cómodamente y dio paso a una inusitada censura. Lo alarmante es que The New York Times llegó a ufanarse del modo en que varios medios habían enterrado la historia (Trump Had One Last Story to Sell).

Parecía que estos no solo estaban protegiendo al candidato demócrata, sino que se habían integrado a su equipo de comunicaciones. “Los medios quieren proteger a ciertas figuras y perseguir a otras”, indicó Peter Schweizer, escritor y presidente del Government Accountability Institute (GAI). “Eso constituye una tragedia nacional”.

Por su parte, Facebook redujo la distribución de la historia al considerarla poco fiable; Twitter decidió eliminarla por completo, alegando que violaba su política interna sobre “material digital robado”.

Asombrosamente, hasta Terence Samuels, editor de noticias de la Radio Pública Nacional (NPR), indicó lo siguiente: “No queremos perder nuestro tiempo en historias que no son realmente historias” sino “meras distracciones”.

El resultado fue el esperado: el público no se enteró de nada. En el mejor estilo de Pravda, Renmin Ribao y Granma.

Una encuesta encargada por el conservador Media Research Center mostró la manera en que los votantes fueron manipulados. El 45.1 por ciento dijo no haber oído o leído nada sobre el escándalo antes del 3 de noviembre. Cerca del 17 por ciento de quienes votaron por Biden indicaron que no lo habrían hecho, si hubieran recibido información sobre los negocios de su familia, el perfil ultraliberal de Kamala Harris y los éxitos del actual presidente.

Otra encuesta, esta de Rassmussen, arrojó que el 52 por ciento manifestó que el tema fue enterrado para no dañar las aspiraciones presidenciales de Joe Biden. El 43 por ciento afirmó que era “muy probable” que el candidato fuera consultado sobre esos negocios y que tal vez se benefició de estos.

Como es sabido, luego del Election Day supimos que Hunter Biden era objeto de una investigación federal desde 2018. ¿Alguna rectificación, disculpa…?

Las tijeras de las Big Tech

A causa de los beneficios de la sección 230 de la Ley de Comunicaciones y Decencia (1996), estas empresas pueden bloquear o filtrar cierto contenido si es considerado “obsceno, impúdico, lascivo, indecente, excesivamente violento, acosador o de alguna otra manera censurable”. Eso abre la puerta para una “curadoría” interesada y sesgada, que se potencia por la extensión de su alcance mundial y enorme uso cotidiano.

Antes, durante y después de las elecciones las redes sociales suprimieron, restringieron o adjuntaron “advertencias” sobre cientos de miles comentarios sobre posibles irregularidades o fraudes. ¿Razones? Se les calificó de contenido “disputado y potencialmente engañoso”.

Robert Epstein, psicólogo investigador principal del Instituto Estadounidense de Investigación y Tecnología del Comportamiento en California, declaró al diario The Epoch Times que una investigación de campo que dirigió en meses previos al 3 de noviembre llegó a la conclusión de que Google y Facebook podrían haber cambiado 15 millones de votos a favor de Joe Biden.

Epstein, que se identifica con la izquierda, sostiene que, no obstante, ponía el país por delante de cualquier preferencia personal. “Si permitimos que empresas como Google controlen el resultado de nuestras elecciones, entonces no tenemos democracia, no hay elecciones libres y justas, todo eso es ilusorio”, afirmó.

Durante una audiencia en el Comité Judicial del Senado el 28 de octubre en torno a “censura, supresión y elecciones 2020”, los CEO de Facebook y Twitter, Mark Zuckerberg y Jack Patrick Dorsey, respectivamente, fueron cuestionados por su decisión de suprimir tales informaciones.

Más alarmante es el hecho que, durante la audiencia, se comprobó que las redes sociales suelen coordinar sus acciones. Por ello es comprensible la preocupación sobre el impacto negativo de sus decisiones sobre la libertad de prensa y expresión, lo cual explica los intentos de legisladores para modificar la ley mencionada. Por lo pronto, al menos nueve miembros y asesores diferentes del equipo de transición de Joe Biden trabajaron anteriormente en Facebook, Google o Twitter, lo cual no favorece precisamente los cambios.

La decisión de redes sociales —Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, entre otras— de cerrar a principios de año las cuentas del Presidente, colaboradores, simpatizantes, personalidades conservadoras y periodistas independientes; y el boicot de Google, Apple y Amazon a la red social alternativa Parler, eleva exponencialmente la alarma.

Requiem por la prensa

Sin duda, entre 2015 y 2020 los Big Media & Big Tech abrazaron sin sonrojo la polarización, el sesgo político, la proliferación de noticias falsas, incluso la omisión y censura de información, lo cual había sido ajeno por completo a la tradición periodística de Estados Unidos.

Una prensa que no busca la verdad, que deforma los hechos o los suprime abiertamente asalta el bastión de la democracia. En realidad, es su peor enemigo.

Existen otras experiencias independientes y alternativas (proyectos de investigación en colaboración, periodismo financiado por donaciones del público y fundaciones, periodismo de barrio, entre otras) que se aferran a la mejor tradición profesional dentro de un contexto de limitaciones y carencias y contra la tendencia extremista de visos totalitarios. Asimismo, aun dentro del Mainstream Media, hay comunicadores capaces y honestos que mantienen su vocación de servir, y cuya actitud es más penalizada que alentada por sus jefes.

Hay motivos para el pesimismo: es poco y probablemente algunas no sobrevivan. Frente esta enorme tragedia americana uno no puede menos que agradecerlo mientras escuchamos las notas del réquiem y afrontamos el duelo con dignidad. Acaso algún día, recuperada la cordura y el decoro, veamos nacer otra prensa, completamente distinta a todo lo conocido, pero fiel a su vocación de servicio y compromiso con la verdad.

emilscj@gmail27.com

Este articulo periodístico fue originalmente publicado en Diario Las Américas

El castrismo ha lanzado una reforma de la empresa estatal socialista como novedoso método para intentar revivir la precaria economía en la que vivimos desde hace más de 60 años. Menciona la promulgación de una nueva Ley de Empresas, programada para el 2022, como el sustento jurídico de tales “reformas”.

Qué de novedoso hay en este anuncio? Hagamos algo de historia.

En el año 1992, el economista oficialista José Luis Rodríguez, posteriormente nombrado ministro del ramo, mencionaba en un ensayo, que durante el pleno del Comité Central del PCS de la URSS, celebrado en junio de 1987, se adoptaron un grupo de medidas que resumía en los siguientes puntos:

• Ampliación de los márgenes de independencia y responsabilidad de las empresas.

• Transformación radical de la dirección centralizada de la economía.

• Reforma radical de la planificación, formación de precios, mecanismos financieros crediticios y adopción del comercio al por mayor.

• Creación de nuevas estructuras que aseguren la profundización de la especialización y cooperación, así como la incorporación de la ciencia a la producción.

• El paso de un sistema de dirección centralizado a uno democrático, al desarrollo de la autogestión y del potencial humano.

Rodríguez añadía, que si bien las medidas eran formalmente inobjetables, vistas de conjunto, rebasaban el perfeccionamiento económico socialista e introducían elementos que ponían en peligro, la existencia del propio sistema.

Efectivamente, estas medidas que daban paso al proceso conocido como perestroika, dirigido por Mijail Gorbachov, culminaron con el fin de la confederación y del comunismo soviético. Sin embargo, para la nomenclatura en el poder, era evidente la necesidad de las reformas como única vía para evitar el colapso económico.

En diciembre de 1988 los soviéticos daban fin al monopolio estatal en el ámbito del comercio exterior. En el sector agrícola se introdujeron transformaciones relacionadas con la forma de propiedad. Se autorizó el arrendamiento de tierras estatales por trabajadores individuales o cooperativas.

En mayo del mismo año se promulgó una ley para equiparar, las cooperativas no agropecuarias con la empresa estatal. Estas cooperativas se convirtieron en fuentes de especulación y enriquecimiento sin que aumentara la producción o servicios a la población. En múltiples casos, eran creadas por los conocidos directores rojos o asociados a ellos. Dado el malestar generado, se estableció una política de precios y se restringieron, en la esfera comercial, las actividades de las mismas.

Durante 1989, la política económica soviética sigue buscando soluciones mediante la liberalización económica y transformaciones de las relaciones de propiedad. También se tomaron medidas anti inflacionarias regulando los precios de los productos alimenticios.

En ese año se disparó el mercado negro y se estima que alcanzó a suministrar el 40,7 % de los alimentos que consumió la población. El comercio de alcohol representaba del orden del 2.2% del PIB, el de la gasolina entre 30% y 65% del total de la gasolina vendida en las zonas urbanas, los choferes del transporte público cobraban directamente a los pasajeros y a su vez debían tener total cuidado de sus autobuses.

En agosto se amplió la independencia económica de las empresas estatales modificándose la ley de 1987. La falta de resultados estimulaba las discusiones sobre cuál sería el método más apropiado para transitar hacia una economía de mercado. Se consideró aplicar un programa de shock como el implementado en Polonia que tenía como antecedente el “plan de los 400 días” de Grigory Yavlinsky. Mientras tanto seguía el debate sobre la reforma monetaria y de precios.

Todas las medidas descritas no lograron los efectos que pretendían y en 1991, frente a la crisis económica y política, se desintegra la confederación y Rusia apuesta por medidas de más calado de la mano de Boris Yeltsin. Se desarrolla un proceso de privatización y liberalización cargado de irregularidades y contradicciones. Los directores rojos y los nuevos oligarcas serán piezas fundamentales, marcando el proceso.

La economía de un país necesita de una dinámica orgánica y no una especie de Frankenstein. El castrismo con su ineficiencia sistémica está inmerso en un escenario similar al de la URSS, donde el inmenso aparato represivo y de control, sumado a las sanciones económicas de la actual administración norteamericana juegan el mismo papel que el desgaste económico de los soviéticos, dado por la carrera armamentista de la Guerra Fría.

Las medidas propuestas recientemente por un grupo de economistas oficialistas, publicadas en el periódico trabajadores, son un remake o refrito de lo antes expuesto. En este caso hay que adicionar la presencia del conglomerado militar GAESA que constituye la supra institución que monopoliza y controla la economía cubana, la cual formalmente no es fiscalizada por ninguna otra instancia del Estado.

Desde la aparición de los llamados lineamientos, han anunciado, o implementado en algunos casos, la renovación de las formas de propiedad, y también han decretado la relación entre sus distintas formas, es decir: estatal, cooperativa y cuentapropismo. Sin embargo, en la práctica los anuncios solo han servido a contados casos que ejemplifican el tráfico de influencias existente en el sistema.

Hasta el momento las maniobras ejecutadas por el castrismo no han tenido el resultado que ellos esperaban. Los movimientos zigzagueantes no han permitido ni siquiera una estabilidad en el mediano plazo.

La nueva promoción y ampliación de directores rojos, estará marcada por un incremento notable de la corrupción. La ambigüedad en la forma de propiedad (al estilo de un usufructo), convertirá las nuevas prerrogativas en posibilidades de saquear un botín, que siempre resultará efímero e incierto. Al final los favorecidos buscarán un proceso del tipo de privatización espontánea, que de darse, vendrá labrando el camino del neocastrismo.

El régimen está en un cuello de botella, si no se mueve su sistema se desmorona; si reforma, entrará en su período de mayor incertidumbre.

Por: Antonio G. Rodiles

Hace diez años el régimen vendía a la comunidad internacional y sobre todo a la administración de Barack Obama, que en Cuba existía un proceso de reformas con eje en el llamado cuentapropismo. Se trató en esencia de una jugada política que justificaría el posterior “deshielo”.

Ante el incremento de las sanciones económicas por parte de la actual administración, la profunda crisis que se vive en la Isla y la experiencia acumulada en Venezuela, el régimen cubano se apresta a usar alternativas más audaces para su sobrevivencia.

El periódico oficialista Trabajadores publicó un paquete de medidas las que, según, a solicitud de Miguel Diaz Canel, promueven un grupo de economistas. Las propuestas buscarían la renovación de la economía estatal e incluirían contenidos para una futura “Ley de Empresas” en la Isla. Dentro de las medidas están:

1. separar las funciones estatales y empresariales

2. descentralizar el comercio exterior

3. crear mayores incentivos financieros para la exportación y la sustitución de importaciones

4. cambios en el sistema bancario que favorezcan un mayor acompañamiento de las empresas

5. relaciones transparentes y legítimas entre todos los actores económicos

6. mayor autonomía empresarial, que las entidades puedan escoger su modelo de gestión, definir sus proveedores y clientes, precios, salarios y cargos propios

7. formar directivos y hombres de negocios, experimentación gerencial

Este paquete recuerda la misma lógica que durante el período de la perestroika en 1988 promovió Mijail Gorbachov para luego introducir reformas más profundas.

Examinemos cómo funcionaron en aquel contexto, hace más de treinta años y su proyección en la situación actual de la Isla.

Mientras Gorbachov trataba infructuosamente de estimular la economía soviética la crisis política y social se acrecentaba. Una vez que se produce la desintegración de la URSS, Boris Yeltsin toma el mando y comienzan nuevos intentos por salir de la profunda depresión. Los actores reformistas sentían premura por privatizar las empresas para evitar que la nomenclatura frenara el proceso de reformas. Dentro de ese contexto toman partido los directores rojos, cuadros de esa nomenclatura comunista, quienes a cambio de aceptar un giro en el rumbo político se adueñaron de las fábricas por ellos administradas y generarían un ambiente de rapiña.

Los directores rojos terminaron convirtiéndose en un freno para las transformaciones económicas. Estos cuadros recibían los réditos personales esperados, tributaban a sus aliados políticos pero temían una competencia real en el plano empresarial. Según algunas cifras menos del 2.5% de los directores rojos habían sido despedidos para finales de 1994. El escenario empresarial ruso no se desmonopolizó y fue testigo de una guerra entre los distintos actores por hacerse de las mayores empresas y establecer lealtades con agentes de poder. Gazpron fue un caso claro, Viktor Chernomyrdin, primer ministro durante el período de Yeltsin se convirtió en el primer director de dicha empresa y acumuló una fortuna estimada en 8 mil millones de dólares.

Muchos describen el final del comunismo ruso como un momento donde primó un vacío institucional. Sin embargo, especialistas como Anders Aslund aseguran que este período fue conducido por los directores rojos que usaron las anomalías institucionales y la incompatibilidad entre las políticas implementadas con la economía de libre mercado para obtener beneficios personales y de grupo. Ejemplo de estas políticas espurias son: forzar tasas de interés, distorsión de precios, múltiples tasas de cambio monetario, emisión desproporcionada de moneda, entre otras.

Cuando analizamos las propuestas presentadas en el periódico oficialista observamos pasos hacia la entrega de empresas en una especie de usufructo a los nuevos “directores o gerentes rojos”. Los puntos 1,2,3,4 preparan las condiciones para la implementación del punto 6.

Un elemento crucial dentro de estas medidas sería el relacionado con los bancos. Es un criterio generalizado que en los países ex comunistas la mayor fuente de corrupción surgió en estas instituciones. Desde el manejo de créditos blandos hasta el uso fraudulento de los tipos cambiarios dieron amplias posibilidades de hacerse de fuertes sumas de dinero.

En el caso cubano, el sistema bancario y financiero del castrismo se encuentra bajo la total égida de GAESA manejado por López Calleja. La actual designación de Manuel Marrero como primer ministro, facilita a esa élite determinar las inversiones de interés. Recientemente, también las remesas desde el exterior han pasado a ser oficialmente controladas por este conglomerado militar.

Todo parece indicar que los cuentapropistas y las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias tendrán que orbitar alrededor de las “empresas estatales de nuevo tipo” que incluirán la búsqueda de muchos de sus insumos, convirtiéndose en bisagras para intentar evadir las sanciones de los EU sobre las entidades militares y eje para el sector no estatal.

Con estas maniobras el régimen intenta dar una solución al diseño económico planteado durante el deshielo frente a la aplicación del capítulo tres y cuatro de la Ley Helms-Burtom. Los voceros del castrismo lo han dicho muy claro: el objetivo es fracturar el embargo.

La “privatización de nuevo tipo” que busca dar viabilidad al neocastrismo no solo enfrentará la falta de liquidez, el impago de la deuda, la inexistencia y ruina de una infraestructura básica, tendrá que lidiar con los altos niveles de corrupción existentes que se dispararán ante un escenario de gran incertidumbre.

Cuando los economistas oficialistas hablan de establecer “relaciones transparentes y legítimas entre todos los actores económicos” ponen sin dudas un toque de humor o cinismo. Recordar que el supra ministerio GAESA de la familia Castro posee todo el control económico, no es supervisado por la Contraloría General de la República ni tiene obligación alguna de rendir cuentas.

La llamada ley de empresas está anunciada para el 2022 un año después del próximo congreso del PCC planeado para abril del 2021. Mientras tanto, como han declarado, todo se mantiene en “estudio”.