Desde 1959 los cubanos viven bajo un sistema sociopolítico diametralmente opuesto al Estado de derecho, que es la base de las democracias contemporáneas. El “sistema socialista” instaurado en la isla (arguye el régimen en lo que presenta como la Constitución) “es irrevocable” y el Partido Comunista (PCC) “es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

Según el texto “constitucional” castrista, recientemente reformado para acentuar los mecanismos totalitarios y de escarmiento: “la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones“. 
Es decir, los ciudadanos que integran las estructuras de poder del Estado socialista están por encima de todo y de todos, y para quienes se enfrenten a sus leyes despóticas no hay derechos jurídicos sino condenas preestablecidas a los juicios políticos, escenificados como farsas judiciales. Durante décadas ha ocurrido y en las últimas semanas se ha intensificado su visibilidad.

El 11 de julio (11-J), producto del espontáneo levantamiento popular desatado en toda la isla, donde miles de ciudadanos se expresaron en contra de la naturaleza y el actuar del régimen impuesto, cientos de ellos fueron detenidos, tratados con todo tipo de violencia, amenazados y condenados, incluso asesinados, por atreverse a ejercer su derecho a la libre expresión. Un derecho universal al que explícitamente se opone el Estado represor socialista. 

Desde dentro y fuera de Cuba, analistas y activistas que integran el grupo de trabajo de Estado de Sats presentan aquí algunas de las irregularidades que acontecen de forma regular en los juicios políticos, y la aquiescencia o consentimiento de los representantes legales de los enjuiciados (inculpados por supuestos delitos comunes o por oponerse al sistema socialista). 

Los procesos penales por causas políticas en Cuba están permeados por la falta de garantías y el estado de indefensión de los enjuiciados, condenados a un juicio de culpabilidad ante la aprobación tácita de todos, incluidos los operadores del derecho, encargados de velar por los derechos y garantías de los implicados.

Particularizar e incluso profundizar en casos concretos, sería interminable. Debido a ello, escogeremos dos garantías del debido proceso que en este tipo de casos se violan habitualmente tanto en términos legales como prácticos. Nos referimos a la garantía esencial de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial y al “principio del juez natural”.

Un tribunal competente es el órgano encargado de resolver conflictos de intereses con una asignación de funciones y competencias atribuidas en leyes predeterminadas a su existencia. Su independencia es la autonomía y autodeterminación, con sujeción sólo a la ley, del resto de los poderes públicos. Este tribunal debe además ser imparcial, por lo que no debe guardar vinculación con los intereses de ninguna de las partes en conflicto.

El principio del juez natural, en relación estrecha con lo anterior, es la garantía de ser juzgado por tribunales y jueces preestablecidos en ley. Ello incluye la prohibición de establecer tribunales especiales (ad hoc), secretos o jueces designados para casos concretos. Los tribunales y jueces que lo integran son competentes por razón de materia o territorio y tal competencia viene predeterminada en ley. En síntesis, el sistema de justicia tiene un diseño y composición abstracta y debe resolver todo conflicto de intereses que sea de su competencia. No se componen tribunales ni se asignan jueces para casos concretos.

En sentido general en Cuba, el llamado sistema judicial no es independiente ni imparcial, pues aunque tal principio es enunciado por el régimen (artículos 148 y 150), la realidad es que el artículo 5, al disponer que el PCC es la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, le otorga al Partido un rol supra estatal que vincula a los poderes públicos, incluidos los tribunales. 

Es de destacar que en todos los tribunales opera un “núcleo del partido comunista al que pertenecen la mayoría de los jueces con cargo de dirección, quienes obedecen a las directrices del órgano que ostenta el poder político.

Otra razón que demuestra la dependencia del sistema judicial al poder político central es que, según el artículo 122 de la Constitución del régimen: el Consejo de Estado imparte “orientaciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de gobierno del Tribunal Supremo Popular”. El Consejo de Estado es denominado como órgano permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (supuestamente legislativo) y sus 21 miembros casualmente también lo son del buró político o el comité central del Partido Comunista. Ningún tribunal cubano es independiente ni imparcial. 

No obstante, lo enunciado son cuestiones “legales” y generales. En los juicios políticos ocurren otras tantas irregularidades prácticas que comprometen, aún más, la aparente imparcialidad de los tribunales y jueces. 

Entre las irregularidades más comunes se encuentran la toma de posesión de locales del tribunal del juicio por agentes de la Seguridad del Estado. Por lo general, el órgano de inteligencia monta un puesto de mando o una base en locales del tribunal, para monitorear todo cuanto viene aconteciendo y evitar o subsanar imprevistos. Esta anomalía se hace sin ningún tipo de pudor y a la vista de todos dialogan con los jueces, entran a sus despachos y dictan los resultados preestablecidos. Ello evidencia, todavía más, el nivel de subordinación del poder judicial al político y hace imposible pensar que no existe influencia sobre la decisión final del caso.

Sobre el principio del juez natural, aunque formalmente se encuentra regulado en el artículo 95, inciso g) de la llamada “Constitución” socialista como garantía de ser juzgado por un tribunal preestablecido legalmente y en virtud de leyes anteriores al delito, ocurren en la práctica disímiles circunstancias que vulneran su efectividad.
La vulneración más grave puede ser la asignación de un juez para un caso específico con el fin de asegurar un resultado prejuzgado. Cuando tal juez forma parte de la nomenclatura del tribunal, sala o sección del tribunal competente, ello es imposible de detectar. Sin embargo, se hace evidente cuando, por ejemplo, es traído un juez de un tribunal provincial a presidir un único juicio en un tribunal municipal y al día siguiente continuar funciones en su cargo originario.

Otra irregularidad lo es el envío de los expedientes a otros tribunales u órganos que no son el tribunal competente para recibir orientaciones previas al juicio, cuando ya el asunto pertenece a un tribunal determinado o, luego de culminado el juicio y antes de dictar sentencia, consultar y esperar orientaciones de jueces de un tribunal superior que no participaron en la composición del Tribunal juzgador, ni en la práctica de pruebas (los verdaderos jueces, los que determinan son secretos). Esta irregularidad se agrava cuando generalmente el tribunal al que se envía previamente un asunto, o los jueces con los que se consulta, es el mismo órgano y son los mismos jueces del tribunal de apelación. Esto anula el derecho de contar con un recurso efectivo de impugnación de sentencia ante un órgano judicial superior. Y crea indefensión.

Estás irregularidades, lamentablemente frecuentes, comprometen la competencia, independencia, imparcialidad y, obviamente, la garantía del juez natural. Lo peor de estas “irregularidades” es la normalización ante los ojos de los operadores del derecho, incluidos aquellos que deben velar porque no se violen las garantías esenciales, principios y derechos de sus representados, es decir, los defensores.

Sin embargo, aún cuando la ley permite varios mecanismos para combatir estas ilegalidades habituales, como pueden ser denunciar los delitos cometidos durante estas prácticas (prevaricación, abuso de poder y otras), establecer reclamaciones por daños y perjuicios causados indebidamente por directivos, funcionarios o empleados públicos (artículo 98) e incluso recusar al juez que por las circunstancias evidencie actuar bajo un interés directo o indirecto en el proceso (artículo 23. 8 de la Ley de Procedimiento Penal). No se puede perder de vista la existencia real de un potencial, serio y fundado temor generalizado en los actores llamados a participar en estos simulacros legales. 

;Debido a lo antes descrito, por regla existe una negativa generalizada de juristas a intervenir en este tipo de procesos, ante la nula eficacia de intentar hacer uso de “mecanismos legales” para detener arbitrariedades institucionalizadas y la posibilidad real de pasar de ser operador del derecho a ser objeto de represión y cambio de rol (pudiendo ser acusado de cualquier cosa) de quien ya conoce la efectividad de la maquinaria represiva. 
En tales circunstancias no es real hablar de “administración de justicia” o límites al poder. Mientras todos estos mecanismos y muchas otras irregularidades operen en la Isla de manera regular, cotidiana, los ciudadanos estarán expuestos a continuar sufriendo la impunidad de un Estado totalitario que busca disfrazar de “legalidad” los juicios (por el 11-J y otras razones) de carácter político.  

El “sistema judicial” cubano no es reformable. Hasta tanto no se derogue dicho sistema será imposible hablar de la existencia de democracia, derechos y libertades en Cuba.