El 28 de Febrero de 2008 el régimen de La Habana firmaba, como maniobra de propaganda, los Pactos de los Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales. Eran tiempos en que Raúl Castro buscaba legitimar su figura en la arena internacional y proyectarse como opción de futuro para la Isla.
Seis años después, Raúl Castro ya no se puede comprar como reformista. Ahora se vende como quien cerrará una etapa en la historia de Cuba, ofertando a la comunidad internacional y aliados un país en supuesta transición bajo control y colocando a sus herederos como única opción de “gobernabilidad” y “estabilidad”. Sin embargo, el grupo heredero solo representaría la extensión de un sistema decadente y plagado de corrupción.
Con esta lógica detrás, una nueva ofensiva anti embargo pretende ganar espacio. Varios actores y grupos de influencia dentro de EEUU salen en busca de un cheque en blanco para la elite gobernante y sus beneficiarios. Elite que carga la principal responsabilidad del desastre nacional y la violación sistemática de los derechos y libertades fundamentales. La ofensiva pasa también por Europa y Latinoamérica. En esta última la principal pieza del ajedrez comienza a ser Brasil, una vez que Venezuela, en su declive, deja de ser un socio que garantiza estabilidad en el mediano plazo.
Sin embargo, las recientes “deserciones” de profesionales cubanos del programa Más Médicos, y sus posibles consecuencias legales, evidencian que el escenario brasileño es muy distinto al del “hermano bolivariano”, y que la situación puede tornarse rápidamente más compleja de lo esperado. Brasil, con su ambición de afincarse como potencia regional, se enfocaría en un escenario a más largo plazo. Para sostener y ampliar su presencia empresarial, necesita un proceso de transición suave en la Isla, que derive al menos en un sistema estable con libre mercado y el pleno restablecimiento de relaciones del gobierno de La Habana con EEUU.
Por otra parte, las negociaciones con la Unión Europea sobre un acuerdo bilateral están en marcha, aunque según han dicho los propios representantes del bloque, estamos frente a un proceso que tomaría al menos dos años. Lamentablemente, algunos de los países involucrados han comprado las antes mencionadas cartas de “gobernabilidad” y “estabilidad” a corto plazo. Obvian las terribles consecuencias de apoyar un sistema sostenido por la corrupción y la violencia de Estado. Otros, en cambio, siguen reclamando la necesidad de una cláusula enfocada en los derechos humanos como garantía mínima para un eventual acuerdo.
Mientras tanto el régimen hace silencio ante la propuesta europea y opta en la Isla por una represión quirúrgica para evitar que el descontento generalizado comience a capitalizarse en reclamos abiertos al sistema. La represión contra los activistas se incrementa y promete empeorar a medida que el escenario se complejice.
Entretanto, la iglesia católica cubana, después de una carta pastoral que pareció dar un giro a su cuestionable desempeño, continúa sosteniendo un silencio cómplice ante la represión. Recientemente los editores de la revista Espacio Laical, una plataforma católica, declararon que el respeto a los derechos humanos no debe ser una condicionante para las relaciones con La Habana. Declaraciones lamentables desde una institución que debería asumir el respeto a la dignidad humana como su principal premisa. Nadie debe olvidar que la legitimidad ante la sociedad no se obtiene espontáneamente.
Promover la falsa esperanza de que un régimen como el actual evolucionará de forma natural a una democracia moderna, es cuando menos ingenuo, sobre todo si lo que salta a simple vista es la construcción en Cuba de un capitalismo autoritario, sostenido en la violencia de Estado, la corrupción y el clientelismo político. Otorgar gratuitamente capacidad de maniobra a quien no entiende de respeto y ética y que de inmediato muestra su perfil delincuencial, es un error.
En la pasada cumbre de la CELAC, una de las pocas declaraciones que aportó algún contenido fue el pedido de ratificación de los Pactos al régimen cubano por parte de Ban Ki Moon, secretario general de la ONU. La campaña Por otra Cuba, iniciativa nacida dentro de la Isla hace casi dos años, trabaja en esa dirección, buscando no solo la ratificación sino también la implementación de estos convenios internacionales. En el contexto anteriormente descrito, esto nos daría una magnifica herramienta para el juego político al interior y al exterior de la Isla.
Resulta evidente que los resultados aún no alcanzan el nivel esperado, pero las más de 4.000 firmas, el trabajo de promoción y distribución de la “Demanda ciudadana” en el país, el pedido de Ban Ki Moon, así como el posible acuerdo bilateral promovido por la Unión Europea, crean un excelente ambiente para continuar enfocándonos en esta campaña.
Los cubanos en la Isla están hartos de un régimen totalmente decadente, pero temen ser blanco de la violencia desmedida por parte del Estado y sus grupos parapoliciales. Los Pactos como demanda cívica permiten realizar una campaña precisa que involucre al ciudadano común y lleve implícita una legitimidad internacional. La demanda de estos convenios también proporciona a gobiernos democráticos y amigos una herramienta de reclamo específico y directo al régimen de la Habana. Al mismo tiempo, la implementación serviría de hoja de ruta para impulsar el proceso de democratización a través de cambios en todo el andamiaje constitucional y jurídico apegados al carácter vinculante de dichos pactos.
Demandar la ratificación e implementación de los Pactos es una interesante herramienta que apenas hemos explorado. La campaña “Por otra Cuba” ha dado solo sus frutos iniciales. Quienes desean desde el exterior ayudar al cambio democrático en Cuba deben dar muestras de responsabilidad política, prestar atención al trabajo ya hecho en la Isla y palpar con mucha sensibilidad el pulso interior para no contribuir a fracturar y desmontar esfuerzos. Si deseamos ser objetivos y trabajar con las variables reales, sin crear falsas expectativas, debemos observar los tempos que en la Isla marcan no solo los opositores, sino también los ciudadanos.