Obama en Cuba y las otras caras de la normalización
Por Camilo Ernesto Olivera, Adrián Sosa, Antonio G. Rodiles
La primera visita de un presidente estadounidense a Cuba, en décadas, se hará realidad posiblemente durante el primer trimestre del presente año. El viaje a la isla, formaría parte de un periplo de Barak Obama por varios países de la región centroamericana y caribeña.
El paisaje político en Latinoamérica ha sufrido ciertos cambios desde el 2009 a la presente fecha. Cuando el actual ejecutivo demócrata asumió su primer periodo, la onda expansiva del populismo se apoderaba de varios países en el centro y sur del continente. Las trompetas triunfales de la Alianza Bolivariana para Las Américas (ALBA) parecían convertir los efectos del Chavismo venezolano, en virus altamente contagioso.
En enero de ese año, la izquierda salvadoreña (FMLN) ganaba la mayoría legislativa mientras que el gubernamental partido Alianza Nacional Republicana (ARENA) conserva las alcaldías municipales. En las generales de marzo, el candidato Mauricio Funes del FMLN obtuvo la presidencia. Desde entonces esa fuerza política tiene el poder en El Salvador. En febrero era aprobada, por referéndum en Venezuela, la reelección indefinida de cargos públicos como enmienda a la Constitución de 1999. Desde 2001, ocho años antes, la mayoría parlamentaria estaba en manos del gubernamental Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).
En abril de 2009, se celebra en Trinidad y Tobago la V Cumbre de Las Américas. Allí los países del eje bolivariano urgen a Obama para que alivie el embargo en contra del régimen cubano. El día 13, cuatro días antes del conclave, el presidente estadounidense levanto las restricciones de envíos y remesas a la isla. En junio, la OEA revoca la resolución de 1962, aprobada en Punta del Este Uruguay, que excluía a Cuba de esa entidad. El ALBA suma a Ecuador, San Vicente y las granadinas y Antigua y Barbuda. El 10 de septiembre Hugo Chávez visita a Moscú. En ese mismo mes se fundó el denominado Banco del Sur, intento de alternativa frente al FMI, con el respaldo de Venezuela y Brasil.
En ese entorno, las autoridades cubanas enfriaron el dialogo con la contraparte norteamericana al detener el 3 de diciembre al sub contratista de USAID, Alan Gross. El 12 de marzo de 2011, este fue condenado a 15 años de prisión. El 28 de ese mismo mes, el ex – presidente Jimmy Carter realizo una visita de tres días a la isla, para intentar, al parecer sin éxito, mediar en este caso. A partir del año 2012, el dialogo entre Cuba y EUA tuvo un lado visible, en temáticas como migración y medio ambiente, y otro oculto. Este último, derivo en la reanudación de las relaciones y el denominado proceso de normalización de estas a partir de diciembre de 2014.
En estos momentos, los herederos de Chávez se tambalean en Venezuela como resultado del voto popular que les despoja de la mayoría parlamentaria. En Argentina, el empresario Mauricio Macri asume la presidencia poniendo punto final al Kirchnerismo. Rafael Correa no podrá reelegirse en Ecuador. Evo Morales lidia con un sector opositor que gana en consistencia y credibilidad popular. Ollanta Humala tampoco conserva un buen nivel de aceptación a su gestión en Perú.
El ALBA, y su criatura PETROCARIBE, están en el colimador de los cambios que sacuden a Caracas. Es el fin de una época, cuyo nacimiento converge con la ejecutoria presidencial de otro demócrata, Bill Clinton. Ahora concluye, junto a la última etapa del segundo periodo presidencial de Barak Obama.
La visita del gobernante estadounidense a la isla, coincidirá con el inicio de la recta final en la contienda electoral para las presidenciales norteamericanas de noviembre.
Para Obama, este viaje oficial a la isla, forma parte de la validación de su dinámica diplomática hacia el régimen Castrista, pero no implica un riesgo en política exterior de su administración. Entre los objetivos de esta visita, está el reciprocar otro favor que el régimen hizo a la política exterior de la administración demócrata. La mediación de La Habana, en las conversaciones para lograr un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla, es una deuda que heredo la actual administración Obama de la de Clinton.
El papel de los militares cubanos en la historia y desarrollo de la insurgencia armada en ese país sudamericano, fue vital. Los negociadores castristas tenían y tienen un peso esencial en llevar a vías de éxito el diálogo entre ambas partes.
Ya la junta militar cubana esta cosechando los frutos resultantes de este proceso, y va a por más. De momento, ha logrado la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y el fin de la proscripción para la venta de armamentos de EE. UU a la isla, esta última databa de marzo de 1958.
En fecha reciente, es eliminada la prohibición que impide, a personas jurídicas y naturales de la isla, el acceso a créditos comerciales en bancos estadounidenses salvo en lo relacionado a las compras de productos alimenticios. También se derogan barreras en lo relacionado al tráfico de naves aéreas entre los dos países.
Con esta decisión se abre la posibilidad de que, por mandato presidencial, no se aplique más el tercer acápite de la llamada Ley por la Solidaridad con la Democracia y la Libertad en Cuba (1996). Según esta, el ejecutivo tiene la potestad de renovar o no la prohibición de atraque por seis meses en puertos estadounidenses, a barcos que toquen puertos cubanos. Las recientes medidas, sumadas a la preparación de condiciones para el atraque de barcos para la transportación de pasajeros en los puertos de Miami y La Habana, son evidencias que apuntan en esa dirección.
Los EE. UU pueden someter a litigio cualquier empresa no estadounidense que negocie, con el régimen, el arriendo en suelo cubano de propiedades confiscadas, sin compensación adecuada. También se especifica en la ley que cualquier negociación, que propicie autorizar la concesión de créditos públicos o privados desde EEUU, contando con un futuro gobierno democrático en la isla que no incluiría a los Castro, estará sujeta a que este asunto de las confiscaciones sea dialogado entre ambos países con perspectivas de resultados concretos. Ya en fecha reciente, las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos tocaron el tema.
Cabe la posibilidad de que el régimen haya llegado a determinados acuerdos en este acápite, como una manera de ganar tiempo, intentando sacar lo máximo posible del actual proceso bilateral. La visita de Obama a Cuba forma parte de esta maniobra, pero es solamente uno de los rostros visibles de la normalización.
La llamada Acta para la Democracia en Cuba, fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1992, o sea que es Ley Federal. Ahí se especifica que las sanciones, contenidas en el embargo contra el régimen cubano, deben continuar hasta tanto no sean verificables cambios democráticos, que incluyan el respeto a los Derechos Humanos y el tránsito hacia un estado de derecho. El reconocimiento del gobierno estadounidense a un nuevo gobierno en Cuba, estará condicionado a que se cumpla con el acápite mencionado.
Las más recientes decisiones, en lo referente a la autorización de créditos de entidades norteñas a Cuba, tomadas por el ejecutivo demócrata, prácticamente violan esta ley. El viaje oficial de un presidente estadounidense a la isla también lo hace, pues valida como gobierno legítimamente electo a la dictadura más antigua del hemisferio occidental.
Al empeoramiento de las condiciones de vida de la población, se suma el retroceso en las llamadas reformas que pretenden ser vistas, desde EE. UU, como cambios. El régimen intenta aplastar la solvencia del sector, limitar aún más su alcance y visibilidad. No quiere autorizar el flujo de dinero de entidades bancarias estadounidenses hacia esa parcela económica autónoma. Prefieren limitar lo más posible a los cuentapropistas, para poder acaparar ese flujo. De esta estrategia, forman parte la reconfiguración de los controles y la presión sobre el sector de producción y comercialización de productos agrícolas.
Por otra parte, la anunciada nueva Ley Electoral pudiera estar sujeta al resultado de las elecciones en EE.UU. O se dará a conocer en dependencia de cual sea el discurso, respecto al régimen de La Habana, que manejen los principales contendientes durante la campaña electoral estadounidense. Esta Ley no forma parte de los trabajos de la unicameral Asamblea Nacional del Poder Popular. Es prerrogativa del Consejo de Estado y de Ministros.
Es por ello que quienes apuestan, desde dentro y fuera de la isla, a un cambio metodológico electoral que permita la participación de la oposición pudieran ver defraudadas sus expectativas. Es llamativo que la presión en el tema de los DDHH sobre el régimen cubano, ha sido mínima por parte del ejecutivo norteamericano y de los negociadores europeos para un acuerdo político.
Es evidente que la junta de generales se alista para dejar en herencia el país a sus descendientes y colaboradores. Pero para ello necesitan elegir, para el ejercicio de las funciones gobernativas dentro de la nomenclatura, a figuras poco conocidas y jóvenes que les sean leales. Además, precisa vender a los EE. UU y la comunidad internacional una puesta en escena bajo la apariencia de reformas electorales. Esta dramaturgia permitirá el ascenso, no sin ciertas “dificultades” de un sector de la oposición que esté dispuesto a asumir los puestos que el régimen le ofrezca en un todavía hipotético nuevo parlamento.
Pero los militares, conservaran el control de la economía del país, sin permitir que el sector privado se convierta en sostén económico de una oposición que pueda representar a sus intereses.
Contrario a lo que han creído algunos, dentro y fuera de la isla, lo que se avecina no tiene nada que ver con el célebre Pacto de la Moncloa que fue punto de partida para la transición española. Tampoco equivale a lo ocurrido en Chile en 1988, o más recientemente en Venezuela.
Por otra parte, la idea de “reconciliación” que el régimen ha puesto frente a los ojos de la actual administración demócrata, facilita la paz en Colombia, por un lado, mientras arrecia la represión en contra de los ciudadanos en la isla por el otro.
Estamos en presencia de un proceso de mutación al estilo de la que propiciaron los militares en Birmania (Myanmar) entre 2012 y 2015. Curiosamente, pero no por casualidad, la agenda política aplicada por la actual administración, en sus relaciones con la dictadura de ese país asiático, se asemeja a la ensayada respecto a la junta militar cubana.
Los resultados hablan por sí solos: A partir de un proceso de reformas cosméticas y una agenda de “cambios” diseñada por la dictadura, el espejismo de la democratización fue vendido como “gato por liebre” al mundo por los militares birmanos.
Las sanciones internacionales al régimen de Myanmar fueron levantadas y EE. UU estuvo a la cabeza de esa decisión. Barak Obama convalidó, con sendas visitas a ese país en 2012 y 2014, el proceso de metamorfosis de la Junta Militar en un autoritarismo disfrazado de electoralismo.
En estos momentos, la estructura de los órganos represivos se encuentra intacta y actúa avalada por una Constitución, hecha a la medida de los militares en 2008.
La difícil situación de las minorías étnicas y las acciones de represión religiosa continúan casi sin cambios y con tendencia a empeorar. La violación de los derechos humanos y la libertad de expresión son verificables en las constantes detenciones de opositores al gobierno.
La principal líder opositora birmana Aung San Suu Kyi se encuentra entrampada en los mecanismos políticos, que el régimen militar coloco a conveniencia, para ofrecerle un espacio parlamentario, pero con capacidad de maniobra limitada. La intención ha sido debilitar la coalición política que ella conduce, absorbiéndola en el pantano político de un cambio fallido. La presencia de la oposición en los estamentos de poder del país, gano influencia a partir de las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015. Sin embargo, continúa vetada la posibilidad del ascenso de Suu Kyi a la presidencia del país.
En Birmania no ha sido decretada una Amnistía General y tampoco se han removido las bases políticas fundamentales del régimen de facto que gobernó allí desde 1962. De hecho, ese régimen continúa ejerciendo el poder, ahora con la fachada de civil, conservando el mando de las armas, controlando el poder económico y buena parte del parlamento.
Un proceso de camuflaje de la dictadura, podría haber comenzado con la promesa del general presidente de que no va a aspirar a tres mandatos, para intentar un aparente cambio. La estrategia del sistema totalitario de la isla pretendería esconder, detrás una fachada civil, a quienes detentan el poder.
Es en ese diseño, cuando entraría en juego la promulgación de una nueva ley electoral. Aún desconocemos si se atreverán a renunciar al monopolio en la esfera legislativa por parte del Partido Comunista; pero llegara el momento en que necesitarán la existencia de una oposición que acepte las reglas de juego político del sistema.
Bajo estas circunstancias, la próxima visita de Obama debe funcionar de manera similar a lo acontecido en el país asiático. Después que se apaguen las ultimas luces de despedida al mandatario estadounidense, la represión mostrará lo que el Castrismo entiende por “reconciliación” y “gobernabilidad”.
No es lo mismo exigir un cambio de régimen que pedir la “reforma de algunos de sus aspectos constitucionales”. Un verdadero cambio, debe estar garantizado por el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, cuya exigencia por la comunidad internacional ha estado ausente en el diálogo de esta con La Habana. Desde el Foro por Los Derechos y Libertades, se está exigiendo que este dialogo se base en demandar la ratificación y el cumplimiento por parte del régimen de los Pactos de la ONU. La ratificación de estos, implicaría el carácter vinculante para desmantelar el totalitarismo y avalar un nuevo ordenamiento constitucional y jurídico. En consecuencia, la dictadura tendría que renunciar al poder y abrir un proceso real de cambios. En ese proceso, el primer paso imprescindible deberá ser la promulgación de una Ley de Amnistía para los presos políticos y de connotación política.
La existencia y accionar del Foro por Los Derechos y Libertades y Todos Marchamos, es un molesto recordatorio para quienes colocan sus agendas políticas por encima del futuro de la nación. Es evidente que no habrá cambios reales en Cuba, mientras la actual nomenclatura y sus cómplices dicten las pautas y tengan en sus manos el control de la estructura a todos los niveles.
Reconocerle fundamento constitucional al Castrismo, y por ende legitimidad, es un error en el cual ha incurrido el actual gobierno norteamericano seguido por influyentes estamentos desde la Unión Europea. Este reconocimiento se basa en una peligrosa tendencia, dentro de la denominada Realpolitick, a considerar el autoritarismo electoralista como fórmula legitima de gobernabilidad.
Todas las evidencias, apuntan a que el régimen cubano intentara aplicar esta u otra metodología semejante durante los próximos dos años.
La pregunta que deberíamos hacernos todos los que trabajamos de una forma u otra por un cambio en Cuba: ¿Es esto lo que queremos para el futuro de nuestro país?