El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal sobre el tema en 1948, de la cual Cuba es firmante. A 71 años de la creación del texto, opositores en la isla enfrentan todo tipo de violaciones de sus libertades fundamentales.
“Creo que el 2019 ha sido un año marcado por una tremenda arremetida contra todos los activistas políticos de derechos humanos por parte del régimen”, dijo a la periodista Ariane González, de Radio Martí, el director del proyecto independiente Estado de Sats, Antonio Rodiles.
El gobierno de La Habana se ha valido de arrestos arbitrarios, acoso, amenazas constantes y el encarcelamiento para hostigar y castigar por su labor contestataria a periodistas independientes. Rodiles mencionó el caso de Roberto Jesús Quiñones Haces como el más emblemático.
“Otro caso significativo de la represión contra la sociedad civil es el del matrimonio arrestado por querer educar a sus hijos en casa”, dijo Rodiles en referencia al pastor Ramón Rigal y su esposa, Ayda Expósito, quienes decidieron educar a sus hijos en el hogar para evitar que fueran sometidos al adoctrinamiento propio de las escuelas estatales en Cuba.
También recordó el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, sometido a “arbitrariedades en lo que debió ser un debido proceso”.
Un caso simbólico, dijo Rodiles, ha sido el de la Dama de Blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, “que ha tenido que ver con el uso de la salud como herramienta de acoso y violación [de los derechos humanos]”. También mencionó la “lamentable muerte” en prisión del preso político Armando Sosa Fortuny tras 43 años de cárcel.
Este año, opinó Rodiles, “ha quedado al descubierto la orfandad en la que están la sociedad civil y el pueblo cubano frente a un régimen tan oprobioso y despótico”. Ha sido evidente, añadió, “que no tenemos la capacidad de frenarlo, de atarlo de las manos”.
Es un año del que se deben tomar enseñanzas para “corregir estos puntos de debilidad que tenemos frente al régimen”. El opositor dijo que “debe haber más apoyo a la sociedad civil” y “más visibilidad” para enfrentar a un régimen decidido a aplastar las libertades fundamentales de los cubanos, concluyó Rodiles.
Poco que celebrar
Activistas y opositores de la isla permanecían este martes bajo la vigilancia de los órganos represivos del estado. El Movimiento San Isidro denunció la situación en su cuenta de Twitter.
“Todo aquel que piense diferente o alce su voz para decir algo contrario a la #DictaduraCubana es asediado por la policía política”.
La sindicalista independiente María Elena Mir, con su vivienda vigilada desde el lunes por efectivos de la Seguridad del Estado, en Guanabo, al este de La Habana, dijo a la periodista Ivette Pacheco, de Radio Martí, que este día que debía ser de celebración se vive en Cuba con muy pocas libertades.
“Si hubiera un ápice de conciencia en el gobierno de Cuba dejarían brillar el 10 de diciembre como él se lo merece, pero en lo personal estamos muy preocupados”, señaló.
Sin embargo, Julio Alonso, residente de Bejucal, en Mayabeque, opinó que en Cuba sí se respetan los derechos humanos. “Como en ningún del mundo, lo vivimos a diario en todos los sentidos. Hay que vivir en Cuba para saber eso”, aseveró a Radio Martí.
Según el opositor Manuel Cuesta Morúa, el gobierno cubano promueve la palabra, pero viola permanentemente los derechos humanos, especialmente los derechos civiles y políticos.
Según Morúa las autoridades amenazaron con detener a varios activistas si salen de sus viviendas este 10 de diciembre. Este es “un cuadro bien difícil” para una celebración semejante. “No por gusto le llaman la última utopía realizable, la de los derechos humanos, y no creo que nos quede otra alternativa que tratar de que esa última utopía sea una realidad en el país”, subrayó.
¿Y las leyes?
Un evento evento auspiciado este 10 de diciembre por la Universidad de La Habana bajo el título de “Plural” tiene como objetivo impulsar la construcción de entornos más favorables de políticas públicas para la protección de los derechos humanos.
Pero Cuba no hay “una instrumentación jurídica” que garantice esa protección, “y no la va a haber, porque no les conviene [a las autoridades]”, dijo el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo a la reportera de Radio Martí, Yolanda Huerga.
Tampoco existe en la isla “una institución que [proteger los derechos humanos] sea su objetivo y su misión social”, agregó Ferrer Tamayo. “Eso queda en terreno de nadie”.
Sobre el evento, la académica Omara Ruiz Urquiola señaló: “No están en condiciones éticas y no están en condiciones objetivas tampoco de hacerlo, porque las propias declaraciones de las máximas autoridades de la enseñanza superior en Cuba hace unos meses solamente fueron en contra de las bases de los derechos humanos”.
Urquiola, una profesora de diseño de larga trayectoria que fue expulsada de la Educación Superior por su activismo político, ha denunciado ser víctima de discriminación ideológica.