Camilo Ernesto Olivera
Después de más de medio siglo de régimen totalitario, la sociedad cubana se encuentra atomizada, por una parte, en pequeños espacios de bienestar más o menos relacionados con la elite dominante y, por la otra, grandes zonas de creciente marginalidad y empobrecimiento.
Bajo estas circunstancias, la dictadura pretende asegurar las parcelas de poder económico, e intenta metamorfosear y blanquear sus mecanismos de control político. De ahí el interés en hacer pasar como concesiones políticas, las insuficientes aperturas al sector privado. De ahí también la intención de ganar tiempo, prometiendo cambios allí donde solo hará mutaciones.
El escenario actual de la isla dista mucho de ser idílico respecto al sistema. La acumulación de décadas de control social y terror generalizado pesan en el inconsciente colectivo. El futuro en una transición política dependerá, en mucho, del papel que jueguen los actores opositores en este entorno. La efectividad y credibilidad de sus hojas de ruta hacia la transición y lo que estas ofrecen como fórmulas de reconfiguración del país y su democratización. Es necesario que este proceso sea lo menos traumático posible, y que el tejido social de la nación se recupere en el menor tiempo. La índole de este tránsito dependerá de bajo que intereses o agenda se realice.
Pero, desde ahora mismo, lo determinante será no ahogarse en disquisiciones retoricas basadas en apostar a concesiones, posibles o supuestas del régimen, de las cuales todavía se desconoce su naturaleza o alcance.
No es viable depositar la confianza en que un cambio en las reglas del juego electoral, propiciado por el sistema, permitirá lograr transformaciones de fondo en lo constitucional.
En el totalitarismo, el cumplimiento de leyes que el régimen se da a sí mismo es aleatorio por parte de su elite y, por tanto, esta las incumple o subvierte empleando una “institucionalidad” hecha a su medida.
Esta, en el caso de Cuba, no se basa en la constitucionalidad. El denominado orden constitucional, no regula al Estado totalitario. Es el elemento humano, aferrado al poder, quien impone sus decisiones, por encima de ese supuesto orden, sobre la base del dominio absoluto y metodológico del partido único en toda la estructura.
Contra ese muro de control no valen paños tibios ni llamados al sentido común.
Una salida electoral negociada entre el régimen y la oposición seria lo más ideal y pacífico, si el primero estuviera dispuesto a retirarse de parcelas de poder que son determinantes en el ordenamiento del país. Para que se abra esta posibilidad, es necesario poner en crisis al sistema, mediante una efectiva presión derivada del poder de convocatoria en la base social, que obligue a que esas negociaciones sean en pie de igualdad.
Pretender que la Asamblea Nacional del Poder Popular, preste atención a propuestas desde la oposición, sin que estas estén acompañadas de la presión popular, es un ejercicio político estéril.
Téngase en cuenta el papel que ha jugado el supuesto legislativo durante los últimos cuarenta años. Obsérvese también el importante detalle de que el régimen se está preparando para modificar en la forma, pero no en el contenido, el ordenamiento del Estado.
Es un contrasentido pretender reformas legislativas o apostar a que una nueva Ley Electoral sea el chispazo de la transición, si esta no está precedida por la derogación, en principio, del carácter ideológico totalitario de la denominada Constitución Cubana de 1976. Las garantías jurídicas para la existencia y accionar de la oposición están coartadas por esa norma constitucional, en los artículos 3 y 62, que derivan en la Ley88/1999 que tipifica la disensión política como delito contra la seguridad nacional.
Por eso es imprescindible, primeramente, la despenalización de la oposición política, antecedida por la efectiva independencia de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que se anule el control del CC del PCC en esas estructuras. Es vital el desmontaje de los mecanismos represivos, que actúan para proteger los intereses de la elite y el régimen de partido único.
La legalización de los partidos políticos, jurídicamente garantizada por una nueva Ley de Asociaciones. El acceso sin restricciones al espacio público como fórmula de convocatoria popular, en paralelo con la posibilidad de llegar a los medios de difusión.
Hasta ahora, el régimen ha anunciado solamente la promulgación de una nueva Ley Electoral y el abandono de determinados cargos públicos, por parte de la “elite militar histórica”, en un proceso que concluiría en 2018 con la salida de Raúl Castro. Nada garantiza, hasta ahora, que este proceso involucre la apertura a un proceso democrático, salvo que el régimen se vea presionado a hacerlo.
En este sentido el caso de la transición en Birmania es un buen ejemplo. Allí la oposición tiene los asientos en el legislativo, que fueron propiciados por la modificación constitucional de 2008 y las elecciones de diciembre de 2015. Pero su influencia en las decisiones del ejecutivo civil, manejado por los militares, es mínima.
La antigua elite castrense controla la economía y mantiene intactos los mecanismos represivos.
La internet es monitoreada, y quien desafía críticamente a los militares corre el riesgo de ser detenido. Hay libertad de prensa, pero esta no tiene capacidad para cuestionar a fondo la realidad nacional, marcada por constantes violaciones de las libertades fundamentales.
Sin embargo, en Birmania, los cambios de índole legislativa estuvieron precedidos por cambios constitucionales. Los militares ofrecieron un marco jurídico a la oposición, para enmascarar su tránsito aparente a otro estatus de poder. Necesitaban el levantamiento de las sanciones internacionales y la bendición de EE.UU.
A los militares cubanos, esto último, les ha resultado mucho más sencillo de lograr que a los birmanos, gracias a una desafortunada combinación de miopías, a cuál más grande, del actual ejecutivo estadounidense y la Unión Europea. De esa manera, estos ultimos apuestan a la errónea creencia de que la gobernabilidad y las garantías para acuerdos económicos de calado estarían en buenas manos en un régimen autoritario, maquillado con ciertas formalidades democráticas.
Esa posible metamorfosis Castrista, a un autoritarismo electoralista en el 2018, pudiera estar orientada a renunciar, aparentemente, al mando absoluto del legislativo, pero conservando las riendas del Estado mediante el control de los niveles ejecutivo y judicial. Esta potestad, les permitiría manejar a su antojo los organismos armados del país y blindar jurídicamente su dominio de la economía nacional.
En este sentido, las modificaciones a nivel constitucional modificaran en la forma y no en el contenido al ejecutivo y el legislativo, para vender una imagen de transición hacia una “democracia socialista mas participativa”. Una trampa política que requiere de tiempo para ser armada, quizás dos años, incluso siete.
Pero un país en ruinas no puede esperar ese tiempo para obtener respuestas sobre su futuro. La solución más responsable, a lo que ya es un trauma que ha dañado la nación, es el inmediato cambio hacia la democracia y el estado de derecho.