Cuba-EE UU, un año después del 17D

 

1176400_575084755882377_1680748604_n

by Adrián Sosa, Antonio G. Rodiles, Camilo Ernesto Olivera

Introducción

Después de un año del restablecimiento del anuncio del restablecimiento de las relaciones entre el gobierno de los EE UU y el régimen de la Habana es posible realizar un análisis, tomando en cuenta el discurso a través del cual fue argumentado este cambio de política, y los resultados visibles hasta el presente. Analizamos además el escenario actual, intentando esbozar algunas posibles dinámicas del mismo.

Situación de los derechos y libertades civiles y políticas

Según las declaraciones de la Casa Blanca, Estados Unidos se implicaría en un apoyo continuo en la mejora de los derechos humanos. En la mirada del actual gobierno norteamericano hay cierto estrabismo, al pretender alcanzar un punto de acuerdo en este tema. Como los sistemas totalitarios entienden dichos derechos, nunca podrán coincidir con las democracias. En Cuba son legales las violaciones de los derechos fundamentales, es decir, las violaciones no ocurren al margen de la ley vigente. El cuerpo legal del sistema valida las mismas. Pero esto es una verdad a gritos en la cual no vamos a insistir ahora. Lo importante es si desde el proceso de normalización de las relaciones existen avances, aunque sean mínimos en la materia.

A pedido del totalitarismo se incluyo el tema de los DDHH en la agenda de negociaciones. Los representantes del régimen declararon que cada una de las partes tenia una interpretación al respecto. En principio la ley no puede ajustarse al gusto de los particulares, ella es una, destinada a cumplirse. Tamaño sofisma no puede aceptarse, es como si el ladrón reclamara una versión de la ley acorde a sus necesidades. Las libertades fundamentales se encuentran codificadas en la legislación internacional y compete a los Estados el cumplir con las mismas. Cuba no ha ratificado los Pactos de la ONU, referidos a los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Estos acuerdos, una vez  ratificados, obligarían al régimen a modificar la ley fundamental y el corpus legal para atemperarlos al carácter vinculante de estos. Resulta una grave omisión que los EE.UU y la Unión Europea hayan obviado, en sus recientes procesos con La Habana, la exigencia de que estos pactos sean ratificados.

Aunque en el período transcurrido fue excarcelado el escritor Ángel Santiesteban y liberado  el artista plástico Danilo Maldonado (El Sexto), esto ocurre después de la fuerte campaña  #TodosMarchamos llevada a cabo por el Foro por los Derechos y Libertades a iniciativa de  las Damas de Blanco. Santiesteban se encuentra bajo régimen de libertad condicional, lo cual implica la posibilidad de que sea retornado a confinamiento en cualquier momento. En el caso de Maldonado fue incluso declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Tal vez el hecho de tratarse de violaciones demasiado sobresalientes, al tratarse de artistas, obligó al gobierno a repensar la prolongación del cautiverio en estos dos casos.

Ningún cambio es evidente y tampoco se muestran señales de encaminarse en esa dirección. Lo ocurrido en torno a la visita del papa Francisco reafirma lo expresado. Durante varios meses la campaña #TodosMarchamos, ha reclamado una ley de amnistía para los presos políticos o con connotación política. La represión constante ha sido la respuesta del régimen. Desconociendo los reclamos, tan solo fueron liberados varios presos comunes, lo cual remarca la impunidad del sistema.

Es lamentable la actitud de la Santa Sede y de algunos prelados cubanos que desean mantener el espacio ganado por la Iglesia a costa de callar ante los desmanes existentes en la realidad nacional.

A lo largo de un año la represión se ha recrudecido. Golpizas, detenciones arbitrarias, actos de repudio, amenazas y acosos, son una constante respuesta del régimen. En este sentido, las cifras de detenciones se combinan con la creciente violencia empleada por los agentes del sistema y sus cómplices. Nada permite asumir una posición optimista en este tema. El castrismo es castrismo, aunque se presente en la versión raulistas.

Según el gobierno demócrata, entre otras razones para el cambio, se intenta respaldar con más fuerza la sociedad civil en Cuba y, como objetivo prioritario, empoderar al pueblo de Cuba. De antemano la categoría pueblo, a lo largo del tiempo, resulta demasiada vaga pues incluye a todos y no define a nadie. Ahora, si para dejar en claro las cosas en nuestro análisis, nos referimos a esa mayoría anónima que sufre las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales, empoderarla significa implementar una legislación que reconozca tales derechos. Esto no es posible, mientras continúe vigente una mal denominada Constitución, en la cual cada uno de estos derechos tenga un agregado que lo condicione a la preponderancia de una ideología. Esta preeminencia los convierte en nulos, y en consecuencia impide tal empoderamiento. El régimen de La Habana conoce esto, por ello luchará hasta el último minuto de su existencia tratando de mantener su lectura particular de estos derechos y libertades, escudado en la soberanía y el nacionalismo.

El concepto de sociedad civil se encuentra relacionado a lo que venimos argumentando. ¿Cuál sociedad civil? ¿Las asociaciones creadas desde el Poder y controladas por el mismo o las que surgen de manera espontánea por verdadera voluntad ciudadana? Los recursos de cualquier índole destinados a la sociedad civil del sistema terminan reforzando el mismo, le brindan legitimidad y al final en verdad son manejados en función del Poder. La pasada Cumbre de las Américas fue una muestra de ello. Las organizaciones aupadas por el régimen, participaron en el encuentro para transmitir la versión del sistema sobre los temas tratados. El totalitarismo cubano utilizo a estos enviados de ¨su sociedad civil¨, para reprimir  a los representantes de la sociedad civil independiente llegados desde la isla. Actuaron, con total impunidad, agentes miembros de los servicios de inteligencia cubana en apoyo de los mítines de repudio, que protagonizaron estos representantes autorizados desde La Habana. Téngase en cuenta, que estos hechos ocurrieron en el marco de un evento que reúne a representantes de países democráticos. Nótese que las autoridades panameñas, no hicieron nada para impedir lo ocurrido o actuaron en evidente complicidad con los agentes del régimen cubano. Súmese que, en violación de la Carta Democrática Interamericana, fue recibido en este conclave el representante de la dictadura más antigua de este hemisferio. Para mayor escarnio del antes mencionado acuerdo, el presidente Barak Obama ofreció públicamente el trato de ¨Presidente¨ al dictador Raúl Castro.

A un año del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ninguna organización de la sociedad civil independiente ha recibido señal alguna de reconocimiento. Continúan satanizadas y a la espera de una posible ola represiva.

En este periodo han disminuido los contactos entre los funcionarios de la representación diplomática estadounidense en La Habana y la oposición o grupos de la sociedad civil. Esto contradice el propósito, declarado hace un año por la administración Obama, de respaldar con mayor fuerza al pueblo cubano. Lo que sí ha aumentado es el contacto con el sector profesional vinculado al régimen, en detrimento de la atención a periodistas y miembros de la sociedad civil al margen del Estado.

De manera gradual pero evidente, los opositores a la dictadura han visto disminuido su acceso a la embajada. Esto incluye, cursos, salas de internet y eventos de carácter social convocados por la legación norteamericana. En este sentido, brilla por su ausencia el acápite de la declaración de hace un año que plantea promocionar la independencia de los cubanos respecto al Estado cubano.

Situación de los derechos y libertades económicas

La nueva agenda plantea su interés de fomentar las relaciones económicas entre los dos Estados. El avance en esta esfera resulta escaso. Aunque el presidente Obama ha expresado la voluntad de echar a un lado el embargo, la última palabra respecto al mismo continúa en las manos del Congreso.

La  cuestión de las confiscaciones es un punto de divergencia esencial. Aunque en el ámbito bilateral solo se toman en cuenta las empresas norteamericanas, quedan pendientes las propiedades de los nacionales. De cómo se solucione o no el asunto en lo referido a las norteamericanas, se puede alcanzar o no un ambiente de garantías para las futuras inversiones. La confiscación por parte de la dictadura puede resultar recurrente en el futuro, no en la magnitud de los inicios del régimen, pero si en casos puntuales, en los cuales sea necesario ¨escarmentar¨ a los propietarios.

La tan promocionada apertura no merece ni siquiera ese nombre, si lo comparamos con  cambios similares ocurridos en otras sociedades totalitarias. La “audacia” en lo económico de Raúl Castro se encuentra a unos cuantos años luz de las transformaciones ocurridas en la China comunista. A pesar de todo, la casta raulista necesita como nunca incentivar la economía, de lo contrario sabe que muy pronto las expectativas creadas caerán en la frustración. Según confesiones del zar de los lineamientos Marino Murillo, el país necesita de 2 000 a 2 500 millones de dólares al año para echar adelante la maltrecha economía. Es importante señalar que nadie en las esferas oficiales habla de alcanzar el desarrollo, los sueños de llegar al primer mundo se perdieron en la selva de las eternas guerrillas y de la interminable batalla contra el imperialismo. Es posible que las cifras dadas por el ministro aludan a los niveles existentes antes del período especial, ya que la economía jamás ha rebasado estos. La deuda cubana de acuerdo a cálculos del Club de París ronda los 26 000 millones de dólares.

Decisiones como la condonación de la deuda a Cuba, tomada por Rusia o, más recientemente, los acuerdos para la refinanciación de la deuda de la isla generados por los principales acreedores del Club de Paris, pudieran ser respondidos con otro default en impagos desde esta. Por esto son las fuertes penalizaciones, que están contempladas en el reciente acuerdo, si Cuba no cumple con sus débitos.

En un contexto de falta de liquidez para pagar sus compromisos de deuda, el régimen cubano volvería a retener los pagos y salida de ganancias al exterior a empresas asentadas en el país. Aunque para ello, tenga que violar o modificar acápites en la nueva ley de inversiones, que garantizan a las empresas este derecho. Esta medida, que aplico entre 2008 y 2011, logro generar confianza en los acreedores, la cual llevo al logro de los acuerdos en este año. Pero perdió la de las empresas que se retiraron de la  isla. En 2014, solamente quedaban 208 negocios con capital extranjero.

De ahí la efectividad actual del embargo, como mecanismo de presión sobre el régimen, pues lo encierra en un círculo vicioso que le obliga a defraudar sus fuentes directas de financiamiento (empresas extranjeras) para sostener el pago de las obligaciones crediticias pendientes forzándolo a dar pasos de mayor importancia en la dirección de liberalizar la economía.

Ahora el comunismo cubano recuerda el perro del hortelano, ni come, ni deja comer. Nada de lo que signifique la pérdida del monopolio del poder quiere ser arriesgado. Tampoco esto tiene que ver con  salvar el socialismo marxista, este murió en 1991. Una China y un Vietnam con economía de mercado lo señalan. Ni siquiera los nuevos intentos en América Latina de gobiernos autoritarios con carácter populista se han atrevido a desmantelar la economía de mercado. La única excepción es el museo aberrante de los Kim en Corea del Norte.

¿Por qué resultan tan tímidas las decisiones del equipo raulista? Trabajan para que la nomenclatura termine de mutar en una nueva clase gerencial que garantice la dictadura del partido y de la familia. Hablan ya de un socialismo menos igualitario preparando el terreno para reconocer en un futuro la existencia de esta clase naciente.

El actual presidente Barak Obama, ha solicitado en más de una ocasión al legislativo que trabaje en pos de eliminar el embargo a Cuba. Según declaro hace un año, su intención es empoderar al sector privado de la isla.

El embargo impide al régimen y sus entidades, utilizar directamente el dólar en sus transacciones comerciales y recibir créditos en esa moneda. Si el Congreso estadounidense lo derogara, el régimen cubano maniobraría para que el flujo crediticio desde EE.UU quede en los predios de las empresas gubernamentales. Ningún particular en la isla, tiene personalidad jurídica ni está autorizado a negociar acuerdos con bancos en el exterior.

Las nuevas inversiones que se realicen en la isla tendrán que ser bajo la sombra de esas empresas y la dictadura será la principal beneficiaria en caso de avance en esa dirección. Pero resulta muy difícil establecer negocios con quienes confunden métodos dictatoriales con los gerenciales. Uno de los principales escollos en este proceso radica en las leyes de contratación que impiden a los inversionistas establecer relaciones económicas por medio del salario con la mano de obra contratada.

La entidad estatal que se encarga del pago de los trabajadores se lleva la parte del león. Con ello se traslada a las nuevas empresas los males  endémicos del sector estatal: el desinterés, la apatía y los desvíos de recursos como formas de equilibrar los bajos salarios. El fenómeno no es nuevo ocurrió antes al crearse  el sector dolarizado que supuestamente funcionaría como una vitrina y hoy padece estas dolencias.

Las empresas cubanas firman entre sí contratos, que nunca cumplen. La falta de un poder judicial independiente impide que el mismo establezca las sanciones pertinentes. La carencia de un marco legal tampoco favorece el ambiente de las posibles inversiones. A fin de cuentas el Estado siempre resulta juez y parte, y en la economía inclinará siempre la balanza a su favor, porque las ganancias del mismo no serán garantizadas tan solo por la competitividad. En cuanto vea peligrar su dinero entrará el absolutismo del poder para garantizar la obtención del mismo. Tampoco existe una legislación que garantice la propiedad.

Todas estas razones explican que el 60 % de los proyectos de inversión extranjera en los años 90 han tenido que cerrar, la cifra pertenece al gobierno, aunque dicho estimado nos parece muy conservador.

El fomento del sector privado también se encuentra entre los propósitos del 17D por la parte norteamericana. Uno de los espejismos del sistema es hacer parecer el trabajo por cuenta propia como pequeñas empresas. Desde el Estado, este sector fue concebido para que el margen de ganancias signifique un salario, por ello se ha bautizado como trabajo. Además de encontrarse con algunas dificultades de las que enfrenta el empresariado extranjero hay dos esenciales para mantenerlo atado a los niveles de un trabajador. Ellos son: una alta tasa impositiva y fluctuantes, el Estado se encargará de subirlos cada vez que crea necesario y la obligación de comprar insumos y materias primas en las redes comerciales del Estado. Por lo general quienes lograr avanzar en este sector lo logran a través de las redes de corrupción existentes en Cuba y por medio de diferentes ilegalidades. El sistema nunca se ha pensado en un sector privado que contribuya a dinamizar la economía, más bien resulta una forma de extorción con la cual mantener la burocracia.

A un año del 17 D los avances  han estado en temas nada polémicos como son el medio ambiente y la flexibilización de los viajes. En el tema de las comunicaciones aunque el presidente Obama dice buscar la mejora de los cubanos, buscando facilitar la entrada de equipos que favorezcan el flujo informativo, los augurios no son buenos. Miguel Díaz Canel,  concibe el acceso a Internet como un arma fundamental de los revolucionarios y  recalcó que el uso de esta herramienta tiene que ser liderada por el Partido.

La apertura de áreas de acceso público a internet durante este año, responde a una estrategia que persigue anular el posible impacto de este acápite de la nueva política estadounidense hacia el interior de la isla. El aumento de la conectividad, no está basado en un derecho jurídicamente fundamentado de la población que le garantiza el acceso a la red. De ahí que el régimen ha ubicado los puntos de acceso en sitios públicos. Y los puede eliminar si la política de una futura administración en la Casa Blanca, les plantea problemas para manipular la conectividad, la cual continua siendo restringida mediante la censura.

Conclusiones

Un año después del comienzo del proceso de restablecimiento de relaciones entre el régimen de la Habana y el gobierno de los EE UU el balance se puede sintetizar en la frase mucho ruido y pocas nueces. Las expectativas creadas, al calor de la novedad, se han desvanecido y muy pocos dentro y fuera del país esperan mucho del acontecimiento. La vieja elite ha mostrado con creces, como era de esperar, que no esta dispuesto a ceder ni un milímetro.

En resumen: Otro fuego fatuo en el mandato de Raúl Castro.