Aniversario 24 del derribo de las Avionetas de Hermanos al Rescate

MIA300 - MIAMI (FL, EEUU), 23/02/06.- Los familiares de los pilotos de dos avionetas derribadas por misiles cubanos en 1996 renovaron su petici贸n para que Ra煤l Castro, ministro de Defensa de Cuba, sea juzgado por su presunta participaci贸n en el caso, al cumplirse diez a帽os. Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Pe帽a y Pablo Morales murieron el 24 de febrero de 1996 cuando las avionetas en las que volaban fueron alcanzadas por misiles aire-aire en espacio a茅reo internacional, seg煤n un informe de la Organizaci贸n de Aviaci贸n Civil Internacional (OACI), adscrita a la ONU. EFE

El 24 de febrero de 1996 la Fuerza A茅rea de Cuba derrib贸 en aguas internacionales dos endebles avionetas de Hermanos al Rescate, el grupo de pilotos civiles que sobrevolaba el Estrecho de la Florida en labores de salvamento de balseros cubanos.

Fue un operativo fulminante. En cuesti贸n de minutos los misiles aire-aire de los MIG-29 cubanos pulverizaron las avionetas desarmadas que hab铆an salido desde Miami a rescatar inmigrantes. As铆 perdieron la vida tres pilotos estadounidenses de origen cubano, Carlos Costa, Mario de la Pe帽a y Armando Alejandre Jr., y el residente cubano, Pablo Morales.

A bordo de otra avioneta, cuatro personas lograron sobrevivir tras escapar de una persecuci贸n a茅rea de m谩s de una hora: Jos茅 Basulto, el fundador de Hermanos al Rescate, el copiloto Arnaldo Iglesias y el matrimonio de Andr茅s y Silvia Iriondo.

A pesar de los m煤ltiples intentos del r茅gimen de La Habana por justificar la acci贸n bajo el pretexto de que hab铆an sobrevolado el espacio a茅reo cubano, el derribo de las avionetas fue condenado por la Uni贸n Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales.

Ricardo Alarc贸n, entonces Presidente de la Asamblea Nacional, asegur贸 que las avionetas violaron el espacio a茅reo cubano.

Una exhaustiva investigaci贸n de la Organizaci贸n de Aviaci贸n Civil Internacional (OAIC) determin贸 que las naves N2456S y N5485S fueron derribadas en aguas internacionales, que las autoridades de Cuba no cumplieron los protocolos de aviso establecidos, tampoco intentaron desviar las naves fuera de las zonas de peligro, ni ordenaron a los pilotos que aterrizaran en un aer贸dromo designado.

Tras conocerse el informe, el Consejo de Seguridad de la ONU adopt贸 la resoluci贸n 1067 (1996) (13 votos a favor, ninguno en contra y la abstenci贸n de Rusia y China) que conden贸 el uso de armas contra aviones civiles y llam贸 al r茅gimen de La Habana a cumplir con las leyes internacionales.

La responsabilidad del hecho recae sobre el general de Ej茅rcito Ra煤l Castro Ruz, quien confes贸 que se trat贸 de una operaci贸n premeditada y que hab铆a dado instrucciones precisas para que las avionetas fueran abatidas: 芦T煤mbenlos en el mar cuando se aparezcan禄.

En la grabaci贸n que lo inculpa, publicada por el Nuevo Herald en 2006, se le escucha anticipar el resultado de la acci贸n: 芦Con un cohetazo de esos, avi贸n-avi贸n, lo que viene para abajo es una bola de fuego禄.

Otros militares implicados en el ataque son el general de Divisi贸n Rub茅n Mart铆nez Puente, entonces Jefe de la Defensa Antia茅rea y Fuerza A茅rea Revolucionaria (DAAFAR) y los coroneles Lorenzo Alberto y Francisco P茅rez-P茅rez, los hermanos que pilotearon los MIGs.

Tambi茅n los esp铆as Gerardo Hern谩ndez, cabecilla de la Red Avispa, acusado de proveer la informaci贸n que permiti贸 el derribo de las avionetas y el ex mayor Juan Pablo Roque, quien se infiltr贸 en Hermanos al Rescate y se fug贸 a Cuba un d铆a antes de la operaci贸n.

鈥婦e los implicados, s贸lo el esp铆a Gerardo Hern谩ndez fue llevado ante los tribunales. Fue condenado el 14 de diciembre de 2001 a dos cadenas perpetuas por 13 delitos, entre ellos 鈥渃onspiraci贸n para cometer asesinato鈥 y otros cargos de espionaje y fraude. Fue liberado por el Gobierno de Barack Obama en diciembre de 2014 como parte de los acuerdos entre Washington y La Habana para restablecer relaciones diplom谩ticas.

Los sucesos del 24 de febrero de 1996 impulsaron la aprobaci贸n de la Ley de Libertad y Solidaridad Democr谩tica para Cuba, conocida como Ley Helms-Burton, que entre otras disposiciones contempla en el T铆tulo III reclamaciones legales contra empresas o individuos extranjeros que hayan traficado con sus propiedades confiscadas por el gobierno cubano y en el T铆tulo IV, que se niegue la entrada a EEUU a directivos y principales accionistas, as铆 como sus familiares directos, de las empresas que se considere trafican con dichas propiedades.

Una serie de procesos judiciales han ordenado compensaciones millonarias para los familiares de las v铆ctimas, utilizando fondos del Estado cubano que estaban congelados en Estados Unidos, pero ellos y la inmensa comunidad de cubanos que los respalda aguardan la justicia plena, esa que logre condenar definitivamente a los autores de este crimen.

Leer en Martinoticias:AP