Agricultura, quien siembra retroceso recoge crisis
Por Adrián Sosa
El régimen cubano anuncio la mengua a un 2% del crecimiento del PIB para el presente año 2016. La junta militar dirigida por Raúl Castro, que ejerce el poder en la isla desde el 2006, está maniobrando para amortiguar las consecuencias de la reducción en la capacidad de compras al exterior del país, en especial las de alimentos. A esto se suma el reforzamiento del dique a la posible influencia de las medidas de apertura desde el gobierno estadounidense en el interior de la Isla y la apropiación estatal de los beneficios que se deriven de estas.
El bajo precio de compra-venta del petróleo en el mercado internacional ya ha deprimido la antes mencionada capacidad de adquisición. Basta con observar el desabastecimiento creciente de productos, en la red de tiendas que operan en ambas monedas en todo el país. Las exportaciones de combustible venezolano, mediante créditos a largo plazo a los países miembros del ALBA, están en camino de ser rebajadas a partir de la nueva correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional de ese país sudamericano. Cuba es un principal refinador y re-exportador de petróleo venezolano al área de Centroamérica y el Caribe. De esto depende buena parte del 25 % de su economía.
Mientras tanto, se evidencia, con la invitación a visitar Francia cursada a Raúl Castro, el reconocimiento tácito de la Unión Europea al Castrismo como “gobierno e interlocutor válido”. La Unión Europea, y desde su entorno ciertos estamentos de poder, da la espalda a los que luchan por un cambio de régimen. Pero patrocina, basándose en analisis desfasados de la realidad cubana, a quienes pretenden un “cambio” plegándose a los mecanismos de mutación programados desde la dictadura.
Desde este mes de enero, el régimen bancario cubano está habilitando los pagos de transacciones comerciales en la isla mediante el sistema de tarjetas Unión Pay, el más importante de China. Esto se relaciona con la apertura de un vuelo semanal directo Pekín-La Habana, para facilitar el movimiento de turismo hacia la isla. A esto se suma la fuerte inversión de capital del gigante asiático, en la modernización del puerto de Santiago de Cuba. Esta última maniobra busca concentrar el movimiento de barcos provenientes de China hacia el área del Caribe, en tránsito desde el Canal de Panamá y, según planes perspectivos, desde el Canal de Nicaragua. El gobierno chino está colocando, de manera más visible en la isla, una catapulta económica adicional hacia el área centroamericana y del Caribe.
La entrada de Cuba, desde este mes de enero y hasta el 2017, en la presidencia pro-tempore de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), forma parte de este “patrón de pruebas” para el aumento de inversiones chinas en el área geográfica que abarca esta asociación.
Téngase en cuenta que Petrocaribe corre serio peligro de desaparecer dadas las nuevas circunstancias políticas en su principal garante Venezuela.
La actual crisis migratoria, protagonizada por cubanos en Centroamérica, además de ser consecuencia del desastre total en el país isleño, es resultado de una maniobra de tipo iceberg provocada desde La Habana. Previendo que este 2016 signifique el empeoramiento de la crisis económica interna, el régimen busca una aceleración en la aplicación ejecutiva estadounidense de todas las medidas posibles para debilitar el embargo. De igual forma, que el próximo ejecutivo que gane y entre a la Casa Blanca, desde enero de 2017, reconfigure los acuerdos migratorios existentes.
La junta militar quiere ganar dos frentes de una sola vez: Normalizar el flujo de personas entre ambos países (pero dirigiendo ella ese flujo) como forma de asegurar la entrada creciente de divisas desde la emigración y mediante el flujo de estadounidenses. Buscan también que esa normalización, sea la punta de lanza para presionar por el fin del embargo sobre la base de la aparente salida del poder de Raúl Castro en 2018.
El problema de la tierra
Ha transcurrido un año desde el 15 de enero de 2015, cuando fueron puestas en vigor por el Departamento del Tesoro, las medidas de apertura económica a la isla preconizadas por el ejecutivo demócrata. El 13 de febrero de 2015, el Departamento de Estado publico una normativa, de inmediato cumplimiento, que permitiría a estadounidenses comprar productos a lo que denominaron “sector empresarial independiente en Cuba”.
El impacto de estas medidas, y otras relacionadas con la esfera de las telecomunicaciones, no ha sido el prometido por Barak Obama el 17 de diciembre de 2014.
Contrario al espejismo, que llevo al actual gobierno estadounidense a propiciarlas, lo real es esto: el régimen cubano contendrá e impedirá la acumulación de la propiedad y el crecimiento económico del sector privado. En este sentido, ya están siendo puestas en práctica políticas de aumento de los impuestos a aquellos negocios que sean exitosos. En unos casos, mediante el incremento del pago por la Licencia. En otros, a través del por ciento a contribuir por concepto de ventas.
La Ley 300, para el arrendamiento en usufructo de tierras a particulares, no garantiza personalidad jurídica a los que se suman a esa modalidad de producción. El acápite que obliga al arrendatario a entregar las tierras en virtud de un denominado “interés social prioritario del Estado”, ha propiciado toda clase de violaciones en contra de los aparceros. Súmese a esto el alto precio por los insumos para la producción que tienen que pagar estos a los proveedores estatales, únicos autorizados para importarlos y distribuirlos en el país. Sin embargo, el sector agrícola privado ha demostrado una mayor capacidad de producción que el sector estatal, el cual tiene disponibilidad de recursos y reconocimiento jurídico, de acuerdo a lo que así se denomina en Cuba.
Según cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) que corresponden al año 2014, suman 5.608 las entidades agrícolas en el país. Existen desde empresas estatales hasta diferentes tipos de cooperativas. Se incluyen los miles de campesinos privados y los usufructuarios mediante la Ley 300.
En su edición de marzo de 2014, el informe de la ONEI titulado Panorama de la Tierra, expresa que entidades y privados disponen en total la suma de 6.342.400 hectáreas. De estas, solamente se encuentran en producción 2.645.800 hectáreas.
Las empresas agrícolas estatales, tienen asignados los insumos, las maquinarias, el regadío y el sistema de recolección y transportación de los productos al mercado. De 1.851.600 hectáreas aptas para cultivo, solamente reportaron en explotación el 17% (471.700 hectáreas)
El sector cooperativista, los campesinos y los usufructuarios de la Ley 300, cuentan con 4.490.900 hectáreas. Según el citado informe, al cierre del año 2014, este sector mantenía cultivadas el 82,2 % de la tierra disponible, o sea, 2.174.100 hectáreas.
La situación de desabastecimiento en los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE) que son responsabilidad de las empresas estatales, ha sido crónica durante años. Estos mercados ofrecen los productos a precios topados. En comparación, los de oferta y demanda se han mantenido provistos. Al cierre de 2015, solamente el 26% de las tierras cultivables se encontraba produciendo. La mayor parte de estas por gestión privada.
Esta contracción en la producción a fines de diciembre, fue resuelta por el régimen culpando a los intermediarios del sector privado, los cuales cubren los eslabones medios entre el productor y los mercados. En los últimos días del año, transportistas privados que llevaban los productos hasta el principal mercado concentrador de la capital, denominado El Trigal, fueron interceptados, la mercancía decomisada y desviada hacia los MAE. Este paso, ha sido seguido de una ofensiva mediática en contra del sector agrícola privado, en específico de sus estructuras de distribución. Como primera señal de cual será la tónica del 2016, los principales mercados de oferta y demanda de la capital quedaron desabastecidos. En los MAE, la demanda supero a la oferta, trayendo consigo la misma consecuencia.
Están poniendo en práctica tácticas que ya emplearon antes. En 1985, el régimen desato la denominada “Operación Pitirre en el Alambre”. Ataco a los intermediarios deteniéndolos y juzgándolos mediante la figura del código penal denominada “Acaparamiento de productos y enriquecimiento ilícito”. También cayeron en la redada, directivos de las Cooperativas de Producción Agropecuaria.
Fueron intervenidas fincas del sector privado, cuyos dueños acabaron en la cárcel. Toda la operación fue aderezada con una campaña mediática, muy semejante a la que por estos días se está llevando a cabo. A estas medidas le acompaño el cierre de los llamados Mercados Libres Campesinos que habían sido abiertos en 1981.
La estatal Empresa Nacional de Acopio de Productos Agropecuarios, asumió el control total en el pago al productor, la recogida de las cosechas y su distribución a los puestos de venta. Durante los primeros años 90s, las autoridades movilizaron a cientos de personas hacia los campamentos pertenecientes al denominado Plan Alimentario. El objetivo era garantizar la alimentación, mediante el trabajo allí de la fuerza laboral excedente como consecuencia del colapso económico. Fue el periodo de cierre de centros laborales, que dependían del financiamiento y las materias primas proveniente de la URSS y sus satélites. Era la manera, que encontró el régimen, de diluir a la población para evitar estallidos sociales en los centros urbanos. Pero el plan, económicamente hablando, resulto otra insostenible locura de Fidel Castro. En esos momentos la Empresa Nacional de Acopio se encontraba entre las más ineficientes y corruptas del país. Sin embargo, no dejo de existir, ni siquiera, cuando fueron reabiertos los mercados agropecuarios de oferta y demanda en octubre de 1994.
En las circunstancias actuales, podemos estar en presencia de un repunte de ese tipo de tácticas, como un modo de asegurar todo el control sobre un sector que la dictadura considera estratégico. El renacimiento de una empresa, como la Nacional de Acopio u otra semejante, sería la recapitulación del disparate. Pero no olvidemos, que el totalitarismo no crea economía, recicla desastres. Todavía están frescas en la memoria los cientos de miles de quintales de productos echados a perder en los almacenes de las cooperativas y los surcos de los aparceros, debido a la total ruina de aquel engendro tan ineficiente, corrupto y totalitario como el sistema que lo concibió. Sin embargo, basta echar un vistazo a la composición actual del Buro Político y el Consejo de Estado, para comprender que este acto “deja vu” de la peor especie es perfectamente posible.
La exhortación de Raúl Castro, el día 29 de diciembre, a acabar con “los pillos que se enriquecen todos los días” se parece más a otro alarde de populismo, semejante a los que caracterizaban a su hermano mayor. Pero, según ha trascendido en medios digitales fuera de la isla, los vendedores minoristas ambulantes de productos agrícolas, conocidos como carretilleros, están en el colimador represivo del régimen. Cientos de personas, la mayoría jóvenes, están ejerciendo este modo de ganar el sustento.
La estrategia es eliminar intermediarios para bajar los precios. Al no potenciar el aumento de la producción, liberando al sector privado de las excesivas cargas impositivas y propiciando el flujo de recursos hacia este, el régimen sigue priorizando al ineficiente sistema agrario estatal.
La disyuntiva, frente a las narices de los obcecados miembros de la nomenclatura comunista, es obvia. Abrir la economía a las reglas del mercado, renunciando al control político sobre la estructura empresarial del país, o eliminar el poco oxigeno que fluye en la economía nacional, ahogando la iniciativa privada y oprimiendo, hasta desintegrarlo, a un cadáver en forma de país.
En principio, bastaría con que fuera permitida la autonomía total de las entidades agrícolas estatales y no estatales. Que estas fueran a la búsqueda y tuvieran acceso directo a la asesoría técnica y créditos provenientes de fuentes externas. Que todo esto estuviera apoyado, en la posesión de una personalidad jurídica emanada de un régimen de derecho, donde los poderes serian independientes. De ese modo, los incumplimientos y adeudos entre las empresas no serían “arreglados” a juicio y conveniencia del todopoderoso Partido Comunista y único dueño de todos los poderes del estado. Esto haría posible: La aplicación de técnicas modernas en la producción agrícola, con la consiguiente humanización del trabajo en el campo. La regulación de los deberes y derechos, bajo el imperio de la legalidad, para empleados y empleadores. La calificación y alta productividad de trabajadores debidamente remunerados. El estímulo a la producción y la competencia entre las pequeñas y medianas empresas, sobre la base de un mercado laboral dinámico y bien fundamentado. El aumento de la producción, significaría la garantía para estabilizar los mercados. La presencia, variedad y calidad de los productos, serían los elementos de oferta y demanda reguladores en los precios de venta al cliente.
El desastre que se avecina, puede ser evitado. Pero la junta militar, y sus cómplices, están enfermos de poder. Dentro de la isla, la población se siente cada vez más indefensa y privada de mecanismos para mejorar su vida. En algún recodo, quedo muerta y enterrada la presunta efectividad de las medidas aperturistas del ejecutivo estadounidense a favor de empoderar al pueblo cubano.
La pobreza y el envejecimiento poblacional en el campo son crecientes. Aumenta el éxodo hacia villas miseria en las ciudades del interior y la capital. El sector poblacional joven, en edad productiva y reproductiva, emigra de las zonas montañosas hacia las áreas urbanas principales y en especial hacia la capital. Es la consecuencia de décadas de depreciación y retroceso en el desarrollo de infraestructuras productivas agrarias, los bajos salarios y la constante caída en el nivel de vida.
El transito al neocastrismo gana tiempo, con la anuencia de la comunidad internacional, y prevalece en Cuba sobre las ruinas del campo y la ciudad.