Científico cubano es condenado a un año de cárcel por "desacato" a las autoridades

El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola quería convertir su finca en un proyecto ecológico en Viñales, una zona montañosa al oeste de La Habana. Ahora esos planes se han detenido porque el científico ha sido condenado a un año de cárcel por “desacato” a las autoridades. ¿El supuesto delito? Llamarle “guardia rural” a un miembro del Cuerpo de Guardabosques de Cuba.

“Apelarémos pero ya queda claro que quieren quitarnos la finca. Igual la pelearemos con uñas y dientes”, comentó su hermana, Omara Ruiz Urquiola.

Luego de ser expulsado de la Universidad de la Habana por sus posiciones políticas y haber denunciado la pesca de tortugas en vías de extinción, una práctica que fue legal hasta el 2008, el biólogo, de 43 años, decidió emprender un proyecto agroecológico de conservación de especies en Viñales. Para ello arrendó unas tierras en usufructo al Estado, tierras que puede perder si se ratifica la condena de un año de privación de libertad.

El jueves pasado, varios miembros del Cuerpo de Guardabosques, que pertenece al Ministerio del Interior, fueron a la finca de Ruiz Urquiola para pedirle los permisos para erigir una cerca y talar unas palmas, así como la propiedad de sus motosierras, relató su hermana, quien aclaró que el biólogo contaba con todos los permisos y las palmas en cuestión habían sido dañadas por rayos, “no tenían nidos de animales y ponían en peligro la seguridad de nuestra casa allí, que es un rancho de guano”.

Según trascendió en el juicio, celebrado el martes en la tarde, Ruiz Urquiola pidió a los oficiales que lo acompañaran a la casa, donde tenía toda la documentación. En el trayecto tuvo lugar la conversación en la que el biólogo emplea la frase “guardia rural”. “El fiscal alegó que había manchado al Cuerpo de Guardabosques con un calificativo [referente] a un cuerpo represivo antes del triunfo de la revolución”, dijo al Nuevo Herald el biólogo Elier Fonseca, quien estuvo presente en el juicio.

Ruiz Urquiola decidió abandonar la huelga de hambre y sed que había iniciado el sábado “porque se dio cuenta que tiene que estar fuerte y que esto hay que pelearlo”, dijo su hermana.

El Nuevo Herald intentó, sin éxito, comunicarse con la estación de policía de Viñales, donde estaba recluido el científico desde el jueves pasado. Ruiz Urquiola será trasladado a la prisión provincial de Pinar del Río, agregó Omara.

La condena por desacato puede ir desde una multa hasta un máximo de un año de encarcelamiento. Pese a haber sido arrestado varias veces por sostener una huelga de hambre para exigir medicamentos para su hermana enferma de cáncer, “Ariel no tiene antecedentes penales”, señaló Fonseca.

Pero Ruiz Urquiola y su familia se convirtieron en una presencia incómoda para las autoridades en Viñales, una zona frecuentada por los turistas.

Ellos denunciaron frecuentes violaciones a los códigos medioambientales en la Sierra del Infierno, donde se encuentra la finca familiar. Las autoridades no hicieron nada con las denuncias, dijo Omara Ruiz Urquiola, pero la familia comenzó a sufrir el acoso de vecinos, quienes entraron a la propiedad y dañaron a animales y cultivos. Dos vecinos fueron llevados a juicio por los hermanos Urquiola Ruiz pero fueron absueltos.

“Ariel es una presencia molestísima para las autoridades de la zona”, dijo su hermana. “En una ocasión recolectó 82 trampas para cazar jutías y se las llevó a las autoridades del Parque Nacional de Viñales y las autoridades no han hecho nada. Todo esto lo han fabricado para sacarlo de allí y que no siga denunciando los desmanes con el patrimonio de la Sierra”.

“Las autoridades en Viñales están acostrumbradas a hacer y deshacer sin que ningún individuo plante cara”, comentó desde La Habana el opositor Claudio Fuentes, quien entrevistó recientemente a los hermanos Ruiz Urquiola para un video publicado por el grupo opositor Estado de Sats. “Ariel, sus amigos, su familia, son una especie de barra de hierro que ha trabado el perfecto funcionamiento de la corrupción” en esa zona, agregó.

Artículos relacionados de el Nuevo Herald

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en 1995, que las leyes de desacato, vigentes en algunos países de la región, no son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque se prestan “al abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo de ese modo el debate que es crítico para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas”. La CIDH tambiéne estimó que este tipo de leyes “proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos privados”, según recoge un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En Cuba, el artículo 144 del código penal establece que quien “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.

La persona ni siquiera debe tener la “intención” de ofender para que un funcionario lo acuse, explicó la abogada Laritza Diversent quien obtuvo refugio en los Estados Unidos por el acoso sufrido en Cuba debido a su trabajo al frente de Cubalex, una organización independiente que brinda asesoría legal a personas en situaciones similares a las de Urquiola Ruiz. “No tiene ni que ser una frase ofensiva, en cualquier forma en que el funcionario se sienta ofendido, puede presentar los cargos”.

“El desacato es un delito contra la libertad de expresión”, aseguró Diversent. “Es también una represalia, para inhibir a la población y que no critique a las autoridades”.

La abogada explicó que la brevedad con la que fue juzgado el biólogo sugiere un “juicio sumario”, en el que “no hay garantías ni presunción de inocencia. Es una formalidad”. La presencia de un fiscal, opcional en este tipo de juicios, “indica que hay un marcado interés de las autoridades” en el caso.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció la detención del biólogo cubano ante el Relator Especial de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reportó 330 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el mes de abril.

Siga a Nora Gámez en Twitter: @ngameztorres

Leer en El Nuevo Herald